El Congreso interroga

LOS INTERROGATORIOS que están llevando a cabo la comisión del Senado y la de la Cámara de Representantes de EE UU acerca de los envíos de armas a Irán y de las ayudas ilegales a la contra nicaragüense han aportado ya elementos de interés sobre el escándalo quizá más grave que ha conocido EE UU en las últimas décadas.Han hablado hasta ahora el general Secord, que dirige una empresa privada dedicada a las labores sucias en ciertas esferas de la política exterior, y concretamente en Centroamérica, y el vicealmirante McFarlane, antiguo consejero de Reagan para la Seguridad Nacional, que intentó suicidarse en febrero, cuando se hizo evidente su responsabilidad en el Irangate.

El eje de los interrogatorios es la conducta del presidente Reagan. En ese orden, la primera fase de la encuesta presenta datos rotundos que contradicen radicalmente la imagen que el presidente Reagan ha intentado ofrecer de sí mismo hasta ahora. Reagan se ha presentado como un presidente que "ignoraba", culpable de no controlar debidamente a unos colaboradores que actuaban excesivamente por su cuenta. No era esa la realidad. En concreto, McFarlane ha declarado que informó "decenas de veces" a Reagan de lo que estaban haciendo sus subordinados, reconociendo a la vez que muchas de esas actividades eran contrarias a la ley. Por tanto, Reagan sabía. Es más: Reagan habló de la ayuda a la contra con el rey Falid de Arabia Saudí, en un momento en que la enmienda Boland, aprobada por el Congreso, prohibía ayudar a los rebeldes antisandinistas.

Reagan ha abandonado su primera línea de defensa en ese tema, que se basaba en su presunta ignorancia. Ahora dice que él no pidió esa ayuda, que el rey Fahd fue el que suscitó el tema en la conversación. Recurre a argumentos cada vez más inverosímiles. En otra ocasión, Reagan intervino cerca del jefe de Estado de un país vecino de Nicaragua para asegurar la llegada a manos de la contra de un cargamento de armas intervenido por dicho país.

De los muchos datos que están saliendo a la superficie, aparece que Reagan fomentaba la existencia de una red, en parte privada, pero respaldada por altos funcionarios de la Administración, que realizaba una política exterior distinta, en puntos esenciales, de la oficial de EE UU, determinada según las normas constitucionales. A la vez, impresiona el fracaso y la impotencia demostrada por EE UU en aspectos decisivos de su política exterior; a causa, en no pequeña medida, de esa especie de doble política amparada en las esferas más altas de la Administración. ¿De qué ha servido el enorme esfuerzo, público y privado, para crear la contra y eliminar gracias a ella el sandinismo en Centroamérica? Los efectos negativos de esa operación son evidentes, sobre todo, en el deterioro de las relaciones de EE UU con América Latina.

En un momento en que no parece estar al orden del día la sustitución de Reagan, los interrogatorios en el Congreso tendrán efectos a más largo plazo. Pero cabe esperar que sean saludables. Pueden acentuar la tendencia, que ya es visible hoy, en la opinión pública, en el Congreso, y quizá incluso en sectores de la Administración, a evolucionar hacia políticas más sensatas en cuestiones como la contra e Irán, en los que el balance de lo realizado hasta ahora es lamentable. La encuesta contribuye a deshacer ciertas falsedades que han sido pilares del mito Reagan. Éste se presentó como defensor rígido de la moralidad y la pureza. Los hechos demuestran que su Administración ha amparado violaciones de la ley, es decir, inmoralidades mucho más graves para un hombre público que las de orden amoroso, que acaban de apartar a Hart de la carrera presidencial. Es una lección interesante cuando EE UU se prepara a elegir su futuro presidente.