Alfonsín pretende exculpar a los oficiales intermedios

El Gobierno argentino enviará en las próximas horas al Parlamento un proyecto de ley en el que se reglamenta la obediencia debida, con lo que se pretende eximir de responsabilidad a los oficiales intermedios del Ejército que actuaron durante la dictadura militar (1976-1983) y a los que se acusa de violaciones de los derechos humanos.

Este proyecto, que constará sólo de cinco o seis artículos, es el resultado de intensas y urgentes negociaciones mantenidas durante los últimos días entre el Gobierno y representantes de los principales partidos políticos. Fue elaborado por una docena de funcionarios y está basado en el reciente dictamen del procurador general de la nación, Juan Octavio Gauna, en el que se admite la eximente de obediencia debida.Aunque la futura ley todavía no se ha hecho pública, se sabe que contendrá algunas excepciones al citado principio, como los delitos de violación, robo o secuestro de niños. Se estima que, de entrar en vigor, quedarían procesados unos 40 oficiales de los más de 400 que hay actualmente encausados.

También se excluye a los jefes militares que planearon y ordenaron las acciones represivas durante la llamada guerra sucia. Pero la aprobación del proyecto de ley necesita del respaldo de parte de la oposición, especialmente del sector renovador del peronismo. Además, la urgencia que requiere esta normativa, destinada a acabar con la crisis militar que estalló hace casi un mes, necesita contar con los dos tercios de una de las Cámaras. Esta mayoría permite que el proyecto pase a discutirse de inmediato en sesión plenaria, mientras que de no ser así, tendría que pasar a una comisión con el consiguiente retraso.

El Ejecutivo puede presentar la ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y se inclinará por la Cámara en la que tenga más fácil los dos tercios de votos favorables. En cualquier caso, no se espera que el proyecto sea aprobado durante esta semana.

Al optar, por esta fórmula de la llamada ley de Pacificación Nacional, Raúl Alfonsín ha descartado la opción del indulto selectivo, que era la preferida por algunos sectores de la oposición. El indulto tendría un elevado costo político para el presidente, pero, además, podría ser rechazado por los militares ya que supondría el admitir una culpabilidad que ellos niegan.

Por otra parte, Alfonsín quiere implicar en esta iniciativa al mayor número posible de grupos políticos y sociales, conseguir un consenso similar al logrado en el Acta de Defensa de la Democracia, que se firmó durante la revuelta militar de la pasada Semana Santa. De momento, se espera que la oposición contribuya con su presencia a hacer posible el quorum y la mayoría de dos tercios, aunque aún no está claro si el Gobierno obtendrá los votos necesarios para la aprobación del proyecto legal. Intensas negociaciones entre radicales y peronistas renovadores seguían celebrándose ayer, y no se descartaba que el propio Alfonsín se dirigiera a la nación para explicar la futura ley y recabar el respaldo de los ciudadanos. Los sectores partidarios del castigo total a los culpables de la represión se han apresurado a calificar de "amnistía encubierta" el proyecto de ley. Las Madres de la Plaza de Mayo, una organización de familiares de desaparecidos durante la dictadura, emitieron ayer un comunicado en el que señalan que el principio de obediencia debida equivale a "aceptar que el secuestro, la tortura y el asesinato constituyen actos de servicio para las Fuerzas Armadas".