McFarlane afirma en el Congreso que Reagan aprobó personalmente la ayuda a la 'contra'

Un Robert McFarlane contrito, lleno de remordimientos y "angustiado", pero afirmando que sólo cumplió órdenes superiores, confirmó ayer en el Congreso lo que todo el mundo esperaba. Fue Ronald Reagan, personalmente, quien, a principios de 1985, ordenó a su Consejero de Seguridad Nacional que los contras tuvieran toda la ayuda necesaria, que había sido prohibida por el Congreso, para que hicieran su trabajo: intentar derrocar a los sandinistas.

El escándalo más grave de la era Reagan no fue el producto de la actuación incontrolada de unos subordinados incompetentes. McFarlane, consejero de Seguridad Nacional de octubre de 1983 a noviembre de 1985, abrió la segunda semana de investigación parlamentaria del Irangate. Afirmó que el presidente le expreso, por escrito, su "satisfacción y agrado" por las donaciones de países extranjeros a los contras, cuando el Congreso había prohibido la ayuda norteamericana a los rebeldes. Esto ocurrió después de que McFarlane le pasara una nota a Reagan diciéndole que el embajador de Arabia Saudí prometiera realizar entregas mensuales de un millón de dólares a los contras.McFarlane, en ocasiones con los ojos humedecidos y ofreciendo una imagen incómoda de víctima, implicó aún más al presidente en esta "triste y sórdida" historia al afirmar que Reagan intercedió en una ocasión ante el gobierno de Honduras para que liberara un cargamento de la operación secreta de ayuda a la contra. Pero la disciplina de este oficial de la Academia Naval de Annapolis no le llevo a denunciar que Oliver North planeaba destruir documentos relacionados con el caso o el desvío, que conocía aunque ya no estuviera en el Gobierno, de fondos a la contra.

El apoyo del presidente a los contras ha sido "firme, constante y público", pero nunca ha solicitado "a su equipo o a ninguna otra persona" el envío de ayuda ilegal a los rebeldes antisandinistas, dijo ayer el portavoz de la Casa Blanca nada más conocerse las declaraciones de McFarlane. Por primera vez, desde que el pasado noviembre estalló el Irangate, uno de sus principales protagonistas revela, bajo juramento y en público, que la guerra privada de la contra no era tal, sino una operación ordenada por el presidente de Estados Unidos.

Los Poindexter, McFarlane y Norths cumplían un deseo muy sentido de su comandante en jefe. También es cierto que Reagan expresó un deseo muy general: "Que no les falte nada a los contras", a los que considera "luchadores de la libertad" y equipara con los padres fundadores de Estados Unidos. Y, de creer a McFarlane, el presidente no ordenó violar la ley para cumplir el objetivo marcado. Resulta difícil comprender, sin embargo, como podía continuar apoyando a los antisandinistas, con una prohibición expresa del Parlamento, sin saltarse la legalidad.

La tarea, que el presidente expreso que debía ser temporal, hasta que el Congreso volviera a dar luz verde a la ayuda a los antisandinistas, recayó en el Consejo de Seguridad Nacional, porque, según explicó McFarlane ante los comités investigadores del Congreso, "no era práctico para la CIA (Agencia Central de Inteligencia norteamericana) o el Pentágono realizar esta misión, debido a las limitaciones impuestas por el Congreso, y el Departamento de Estado no quería saber, nada de operaciones encubiertas".

Aunque el efecto político de la declaración de McFarlane, por esperada, no será muy fuerte, sí confirma lo que más de la mitad de los norteamericanos sospechaban: el presidente sabía mucho más de lo que ha dicho hasta ahora y ha estado mintiendo.

Un nuevo frente de escándalo se abrió ayer para la Administración, al margen del Irangate. El ministro de Justicia, Edwin Meese, se vió obligado a solicitar un fiscal especial que le investigue a él mismo por su participación, presuntamente ilegal, en ayudar a conseguir un contrato con el Gobierno a una empresa de Nueva York.

Defensa de North

McFarlane -que el pasado febrero trató de suicidarse con Valium por considerarse personalmente responsable de la crisis-, declaró ayer que ordenó a Oliver North que operara "dentro de la ley" y no "solicitara, en ningún caso, dinero para los contras". McFarlane defendió la capacidad profesional de North, como hombre de acción capaz de conseguir que las cosas se realizaran. Su admiración por este teniente coronel le llevó a decir, según los documentos de la comisión Tower (designada por Reagan para investigar el Irangate) que, si los americanos supieran lo que este Rambo estaba haciendo por el país, "le debían nombrar secretario de Estado".

McFarlane, un marino de profesión, marine en Vietnam, y admirador y discípulo de Henry Kissinger, defendió que ejecutó los "deseos" del presidente. Se trataba de asegurar a los contras -a quienes en esa época McFarlane consideraba política y militarmente ineficaces-, "el contínuo apoyo de la Administración".