España recurrirá al Tribunal de Justicia para no pagar los excedentes de mantequilla

España volvió ayer a la carga en la reunión de los titulares de Economía y Hacienda de los doce para intentar evitar pagar más de 30.000 millones de pesetas por la eliminación de unos surtidos de mantequilla que no ha contribuido a generar, y el ministro español Carlos Solchaga dio a entender claramente que recurrirá en junio al Tribunal de Justicia.

El grueso del Consejo de Ministros, al que además de Solchaga asistió su secretario de Estado, Guillermo de la Dehesa, estuvo, sin embargo, dedicado a discutir cómo colmar un déficit presupuestario de la Comunidad Europea (CE) que rebasará este año los 5.000 millones de ECU (unidad de cuenta europea, equivalente a 146 pesetas) y a aprobar el marco de referencia para los gastos de 1988, que ascienden a 36.640 millones de ECU.A petición de Madrid, con respaldo de Lisboa, fue incluido en el orden del día el famoso tema del desalmacenamiento de 1.035.000 toneladas de mantequilla, que costará a las arcas de los Estados miembros en los dos próximos años unos 3.200 millones de ECU de los que España deberá abonar directamente entre un 7% y un 8%, es decir, entre 32.000 y 37.400 millones de pesetas que le serán devueltos con cargo al presupuesto de la CE entre 1989 y 1992.

España llegó virgen de almacenamientos lácteos al ingresar en la CE y tampoco es excedentaria en estos productos, motivo por el cual no desea ahora hacerse cargo de la eliminación de los que no ha generado y en los consejos ministeriales de Agricultura, Economía y Asuntos Exteriores dio la batalla con Portugal para evitar pagar. Pero sólo consiguió en marzo que se encargase a la Comisión la elaboración de un informe sobre la cuestión.

El Ejecutivo europeo rehúsa, en su informe, pronunciarse sobre el fondo del asunto y devuelve la pelota al Consejo, no sin antes señalar que no puede haber exoneraciones pero que el sistema de financiación del desalmacenamiento no es del todo equitativo para España y Portugal porque les va a afectar cuando contribuyan casi plenamente al presupuesto de la CE.

Déficit comunitario

Cuando tenga conocimiento oficial de este informe el Gobierno español deberá decidir los pasos a dar para librarse de pagar, pero como de aquí a que se agote en junio el plazo para presentar un recurso en el Tribunal los doce no le propondrán compensaciones no tendrá más remedio que acudir a la Corte de Luxemburgo aunque "esto no obste para que continúe la discusión política", recalcó Solchaga.

El asunto más apremiante en discusión era, sin embargo el déficit de la CE, consecuencia de un desfase de 840 millones de ECU entre los ingresos y pagos del año pasado a los que hay que añadir otros 1.450 millones de recaudación inferior a la prevista en 1987 y, por último, 2.790 millones de crecimiento del gasto agrícola por encima de lo presupuestado.

Para sufragar estos 5.080 millones, equivalentes al 14% de su presupuesto, el presidente de la Comisión, Jacques Delors, ha propuesto en una carta enviada a las capitales agotar el margen disponible de recursos hasta alcanzar el 1,4% del IVA (630 millones), obtener una contribución directa de los Estados miembros de 1.660 millones y, por último, aplazar hasta 1988 pagos agrícolas por valor de 2.790 millones.

A pesar de sus discrepancias sobre este problema, que requiere una solución urgente, que un Consejo extraordinario intentará encontrar en junio, los titulares de Economía lograron ponerse de acuerdo sobre el marco de referencia presupuestario para 1988, es decir, el techo de gastos autorizado, que se elevará a 22.757 millones de ECU para el gastos agrícolas y 9.910 millones para el resto. Se sabe de antemano que esta cifra no bastará para sufragar los gastos.