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Editorial:

Armas a Irán; palabras y hechos

LAS INFORMACIONES publicadas estos días en EL PAIS (9, 10 y 11 de mayo) muestran con detalle cómo España envía armas a Irán, un país en guerra, y que figura, por tanto, en la lista de aquellos a los que está prohibido suministrar armamento. Resulta incluso que España sirve como escala-relevo para reexpedir material fabricado en otros países hacia Irán. Estos envíos no tienen un carácter ocasional, sino regular: con la frecuencia mínima de uno mensual están saliendo cargamentos desde Barcelona.Ante las numerosas interrogaciones sobre esta cuestión, formuladas tanto por la Prensa como por diputados de la oposición, la respuesta del Gobierno ha sido siempre una negativa: España cumple sus obligaciones en -esa materia, y, por tanto, no envía- armas. Es cierto que el presidente del Gobierno, Felipe González, en el debate sobre el estado de la nación, a la vez que negaba que España hubiera autorizado "ni una sola exportación de armas a Irán", añadía: "Cabe la posibilidad de que lleguen armas por via indirecta de terceros países. Nosotros hacemos lo posible por evitarlo". Sin embargo, nuestras informaciones -que no han sufrido ningún desmentido- demuestran que gran parte del material es de fabricación española y que los envíos se realizan desde Barcelona a un puerto iraní. Es cierto que en los documentos figura un último destinatario falso, un puerto de un país no en guerra. Es un truco viejísimo para encubrir operaciones de este género. Con los datos facilitados por este periódico puede el Gobierno esclarecer quiénes y cómo se han vulnerado sus disposciones en este vidrioso asunto.

De esta manera se disiparían las dudas de que se acepta el hábito de la doble verdad en estas materias. Están en juego principios serios. La prohibición de vender armas a ciertos países, en guerra o dominados por odiosas dictaduras, responde a unas razones políticas que los electores han respaldado al votar al partido socialista. Aceptar esta práctica mientras se mantiene de palabra la política contraria es un escándalo que quita credibilidad al Gobierno y erosiona la confianza de los ciudadanos en la democracia.

Estos suministros de armas españolas a Irán parecen independientes de los envíos fomentados por EE UU. Pero, en otro caso, el Irangate sí nos ha afectado: se trata de los dos diplomáticos de EE UU detenidos en Barajas en octubre pasado con un maletín con cinco millones de dólares. Episodio celosamente guardado por los organismos oficiales de información y puesto también al descubierto por las informaciones de la Prensa.

Las autoridades españolas les soltaron al cabo de 28 horas porque fueron "avalados por organismos competentes españoles". Acto del todo anormal: ningun organumo español es competente para hacer cesar las indagaciones sobre una ilegalidad cometida en España. Además, la desaparición en el archivo de Barajas del acta relatando lo ocurrido demuestra que una ilegalidad fue tapada por otra. Se alegó que se trataba de una operación contra la droga, pero ahora resulta que esos fondos podían provenir de las ventas de armas a Irán, y su destino podía ser una cuenta de la contra en Suiza.

Cuando surge un tema que el Gobierno considera molesto, su única obsesión es taparlo. Es absurdo que no tome en su mano el dar a la opinión las explicaciones más claras posibles, incluso reconociendo los posibles errores del Ejecutivo. Tal actitud elevaría la confianza de los ciudadanos. Estas cuestiones merecen algunas explicaciones. El Gobierno tiene los medios suficientes para esclarecer estos episodios; el Parlamento sería conveniente que se enterara de lo sucedido, y, así, los ciudadanos podremos tener elementos de juicio sobre el ejercicio del poder y la adecuación de sus actuaciones a sus declaraciones de principio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de mayo de 1987