Sin pruebas contra el golpismo

LA ABSOLUCIÓN por un consejo de guerra del coronel de Caballería Carlos de Meer ha venido a culminar una serie de actuaciones judiciales que han dejado en mala situación al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y al propio Gobierno. Los tribunales no han encontrado pruebas suficientes contra este militar de extrema derecha, acusado de golpismo por los servicios de información de la defensa.Esta historia puede tener su segunda edición en el caso del capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, que ha regresado a España tras su huida al extranjero al día siguiente del intento golpista de febrero de 1981. Tras su equívoca actuación en el Congreso de los Diputados en la noche del 23-17 y su fuga inmediatamente posterior con un maletín en el que se suponían ocultos los secretos de la intentona, la autoridad judicial militar estimó que sólo había indicios de un delito de abandono de destino y residencia. No obstante, su vuelta a España hace inevitable que se le pregunte a este antiguo hombre de los Grupos Operativos de los Servicios Secretos de Información (GOSSI) -que protagonizaron la guerra sucia contra los demócratas en los últimos años de Franco y en la transición política- sobre el papel exacto que desempeñó en el golpe de Estado del 23-F, pues él mismo ha descrito ese papel como de enlace entre los golpistas que estaban dentro del Congreso y los que estaban fuera. La justicia militar u ordinaria están obligadas a investigar estas cosas antes de dejar todo reducido a un simple abandono de destino.

En el caso del coronel De Meer, lo que fue presentado como una conspiración de elementos de la extrema derecha en connivencia con Libia contra el sistema democrático español ha quedado todo finalmente en un abandono de residencia. Con anterioridad, un juzgado de la Audiencia Nacional había archivado las diligencias abiertas por presunto delito de conspiración para la rebelión militar. Situado el tema en ese nivel, a los españoles ya les era indiferente que el viaje de De Meer a Libia en enero de 1986 para visitar a Gaddafi hubiera durado un mes, un año o los cinco días que el Código Penal Militar establece como límite para que la ausencia de un militar de su domicilio sin el debido permiso no constituya delito.

Ante el consejo de guerra que le ha absuelto, el coronel De Meer ha tenido ocasión de calificar su detención y encausamiento como un caso de "linchamiento moral" y se ha presentado como "víctima de una maquinación". También Gil Sánchez Valiente declaraba en 1982 que no había en España ninguna autoridad legitimada para juzgarle y que, en todo caso, quien debía constituirse en juzgador era él. Uno y otro pretenden ignorar con estas manifestaciones las facilidades que para sus actuaciones les otorga el sistema democrático y que son impensables en un sistema político como el que públicamente ellos propugnan.

Es obligación de la policía y de los servicios de seguridad del Estado, a todos los niveles, trabajar en la búsqueda de evidencias y pruebas en las que basamentar las acusaciones que se hacen contra los sospechosos. El coronel De Meer, que ocupó cargos de gobernación con el franquismo, conoce bien que durante el régimen que él amó esto no era esencial. Una declaración arrancada o inventada en comisaría fue suficiente para enviar a miles de españoles a la cárcel, al exilio o incluso al paredón. Hoy las leyes de la democracia protegen por igual a los demócratas que a quienes no lo son. Ése es el triunfo de la libertad y la miseria de quienes conspiran contra ella.