Juicio del veneno

EL JUICIO sobre el síndrome tóxico ha comenzado sus sesiones con todos los rasgos que caracterizan los procesos con fuerte impacto social. Así, se han producido emotivas escenas entre las víctimas en su primer contacto con los presuntos culpables o las primeras maniobras de los abogados defensores, incomprensibles para la galería, para fijar su estrategia. También han surgido los primeros síntomas de enfrentamiento entre los propios procesados, con intereses no necesariamente coincidentes en este caso, donde los hechos originarios son tan complejos que la atribución de los mismos a algunos puede significar la exclusión de responsabilidades para otros.Todas estas circunstancias pueden considerarse normales aquí. Pero lo que no es aceptable es que alguno de estos incidentes pueda ser utilizado para provocar la suspensión del juicio. Por eso, ha sido acertada la decisión de las asociaciones de afectados de renunciar a su presencia en la vista y evitar así que ciertas reacciones emocionales puedan ser interpretadas como presiones a la libertad de defensa.

Porque la suspensión del juicio constituiría burla infame para los allegados de los más de 600 fallecidos,. para la memoria de éstos y para los 25.000 afectados, 6.000 de los cuales sufren todavía importantes y -dolorosos trastornos físicos y psíquicos. A cualquier ciudadano español, por acostumbrado que se esté a padecer la horrorosa lentitud de la maquinaria judicial, le cuesta ya trabajo asumir que hayan sido necesarios seis años para concluir un sumario que contempla hechos tan graves. Ni el esfuerzo presupuestario para dotar con más medios que los ordinarios al juez instructor ha sido adecuado para juzgar sin demora a los culpables de la matanza.

Por otro lado, a la insuficiencia de medios que aplazaron la iniciación del juicio hay que añadir la incomprensible disociación de este proceso de la investigación sobre la posible responsabilidad penal de quienes, a niveles políticos y administrativos, propiciaron, con omisiones o consentimientos, el desarrollo del homicidio colectivo. Con ello se sigue hurtando a las víctimas, todavía por más tiempo, el derecho a una pronta indemnización por los daños que se les ha infligido.

Indudablemente, es un desafío para los jueces discernir la verdad judicial entre las, distintas hipótesis sobre las causas del envenenamiento. Pero asumir este desafío es una ocasión capital para que la endeble estructura de la justicia española se fortalezca. Las consecuencias de aquel vil mercadeo fueron tan devastadoras para la población que determinar quiénes son los culpables y establecer, si llega el caso, una justa condena para sus crímenes es condición para que los españoles alberguen la esperanza de que en el futuro no verán expuesta su salud y sus vidas a la voluntad de un puñado de logreros.

Finalmente, es tarea de la Administración impedir que una sevicia semejante pueda llegar a muñirse en España. En estos momentos, la falta de un control riguroso permite que siga en el mercado una oferta de garrafas de aceite a granel y de otros productos de consumo humano faltos de la inspección y garantías debidas. Con ánimo fraudulento o no, la existencia de estos artículos representa diariamente un foco de riesgo del que ya han sido víctimas demasiadas veces los sectores sociales más modestos. A tales prácticas comerciales, incoherentes con el nivel de este país, sólo conviene el nombre de delictivas. Y ante ellas, sería incomprensible la pasividad de las autoridades públicas.