Vigilantes privados exigen identificación para entrar en el colegio Los Ángeles

El Ministerio de Educación investiga las presuntas irregularidades en el colegio privado -concertado para EGB- Los Ángeles-Nuevo Centro, en Villaverde. Padres y profesores denunciaron que vigilantes jurados -a veces armados- vigilan el centro y exigen identificarse para visitarlo. También acusan al director, Alberto Martín Alfonso, de designar a los miembros del consejo escolar -seis son parientes suyos-, de cobros indebidos, de deudas con la Seguridad Social y de ocultar el destino de las subvenciones. Martín niega toda ilegalidad y elogia el sistema de vigilancia.

La más llamativa anomalía del centro es la vigilancia del colegio por empleados de una empresa de seguridad [Sucri] "armados con revólver, porra y esposas", según se denunció ante Educación. Los vigilantes exigen a toda persona que desea entrar en el colegio que se identifique y, en ocasiones, se le retiene el carné o se le niega la entrada, afirman algunos padres. Fuentes policiales tacharon de ilegal, la retención de carnés: "Eso no podemos hacerlo ni nosotros".

Posibles ilegalidades

Inspectores de Educación, no sin irritación, comprobaron cómo se les impedía el paso si no se identificaban. Un alto cargo provincial de Educación muestra su estupor ante estas exigencias y la presencia, en torno a escolares, de vigilantes armados. "Es un caso único en todo el territorio dependiente de Educación. Es ilegal que los padres tengan que identificarse y sufrir tales inconvenientes". Este alto cargo, sin embargo, dijo desconocer si es legal o no que personas armadas custodien a escolares.Por el contrario, Martín se enorgullece de esta vigilancia: "El centro está situado fuera del casco urbano de Villaverde, con doce asaltos diarios, y tenemos vigilantes para evitar drogas y atracos. Estamos rodeados de chabolas y delincuencia y los padres están super contentos de que haya seguridad". Y agrega el director: "Por el día no están armados y exigen la identificación para saber quién entra pero no se retiene el carné, ni hay lista negra de personas que no pueden entrar, sólo deben respetar un horario".

Algún padre comenta que uno de estos vigilantes suele exhibir su arma a los escolares. Y varios profesores y padres se quejan de que esta "guardia pretoriana del director" les impide reunirse en el colegio para debatir cuestiones académicas o laborales. "Los días en que se prevén follones vienen hasta cuatro vigilantes [habitualmente hay uno por la mañana y otro por la noche] y en una ocasión desenfundó su pistola", dicen. El titular del centro niega que haya "follones" siquiera.

El centro, situado en el kilómetro 0,5 de la carretera Villaverde-Toledo, cuenta con unos 1.300 alumnos, de preescolar a COU. El voluminoso expediente abierto sobre el colegio ya ha supuesto seis visitas de inspectores de Educación, y se espera que esté concluido en mes y medio, según fuentes de Educación. En este departamento, como hipótesís extrema y de confirmarse las denuncias, se considera la posibilidad de la inhabilitación de Martín como titular, pero se descarta el cierre del colegio, para no perjudicar a los alumnos. Alberto Martín fue "sancionado y apercibido" por Educación en 1978 por anomalías en sus centros.

Educación sospecha que no se dieron las garantias suficientes en el proceso de elección del consejo escolar. Los denunciante son más tajantes. Afirman que no, hubo elección sino designación de sus miembros por el titular. Martín reconoce que en el consejo, que él preside, figuran seis parientes suyos (tres hermanos, un cuñado, una sobrina y un primo), pero asegura que las elecciones fueron escrupulosas y atribuye a la "casualidad" o a la "capacidad de liderazgo" de sus deudos que salieran elegidos.

También se investiga si el Propio Martín posee titulación académica y ha ejercido la docencia, requisitos para presidir el consejo escolar. Está en estudio, igualmente, si el profesorado posee la titulación pertinente. "Están titulados todos", dice el director.

Sin reconocimiento oficial

A primeros de este año, los alumnos de BUP (161) y COU (20), tuvieron la desagradable sorpresa, ya mediado el curso, de que ambos niveles carecían de reconocimiento oficial. Los de COU hubieron de cambiar de centro, ya que ni los estudios ni los éxamenes tenían validez alguna. A los de BUP les quedaba la opción de seguir estudiando por libre en este colegio y luego examinarse en un centro oficial, con los consiguientes riesgos. El director sostiene que conoció esa desautorización en diciembre y no es firme, pues la ha recurrido.