Precaria situación en España en reservas de sangre

La escasez de las donaciones de sangre, que ha obligado a una grave dependencia exterior y una búsqueda a veces desesperada de donantes, ha creado en España una precaria situación frente a la amenaza del SIDA. La lentitud con que las autoridades sanitarias decidieron establecer la obligatoriedad de la prueba que detecta la presencia de anticuerpos en todas las donaciones es un factor adicional de inquietud, aunque la Administración asegura que estudios epidemiológicos de toda solvencia indican que la presencia de anticuerpos sólo se ha detectado en una mínima proporción: 0,06 por cada 1.000 hemodonaciones.

La sangre es un bien escaso en España, que ocupa, junto con Portugal y Grecia, uno de los últimos lugares de Europa en la escala de cobertura de sus necesidades. Según datos del Ministerio de Sanidad, la media nacional de cobertura de las necesidades propias apenas sobrepasa el 38%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la cifra de 50 extracciones de unidades de sangre (alrededor de 450cc la unidad) por cada 1.000 habitantes el mínimo necesario para las necesidades de cada país. Mientras en la mayoría de los países europeos se supera esa cifra, en España, según datos de 1983, está en 19 unidades. En 1984, España importó plasma y hemoderivados por valor de más de 2.000 millones de pesetas, fundamentalmente del mercado norteamericano.La amenaza del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) obligó a la Administración, tras el contagio de varios hemofílicos, a adoptar medidas de precaución. A partir de 1985, una serie de medidas legales ha tratado de poner orden en la enmarañada situación del sistema hemoterápico español, que, aquejado de su fuerte dependencia de las importaciones como resultado del bajo nivel de donaciones, obligaba a captar donantes incluso en las cárceles.

Incubación

Hace menos de cuatro años era corriente ver unidades de donación de sangre, por ejemplo, en la cárcel de Carabanchel, de Madrid. Estudios epidemiológicos realizados el año pasado descubrieron un alto porcentaje de portadores entre los reclusos. Un elemento de preocupación para la opinión pública lo constituye el hecho de que el período de incubación medio de esta enfermedad oscila en torno a los cinco años, pudiendo ser incluso más largo.En septiembre de ese 1985, dos normativas sanitarias declararon obligatoria la prueba de detección de anticuerpos del virus del SIDA a las industrias privadas fraccionadoras del plasma y a los fabricantes e importadores de hemoderivados. Estas empresas privadas se dedican a la comercialización e importación de sustancias derivadas de la sangre, que se aplican en distintas funciones médicas.

En octubre de 1985 se aprobó un real decreto que intentaba poner orden en la hemodonación y las actividades de los bancos de sangre, y los clasificaba en tres niveles: autonómico, provincial o de área y hospitalario, todos ellos integrados en una Red Nacional de Bancos de Sangre, destinada a atender las necesidades nacionales y garantizar la autosuficiencia. En la actualidad, existen 187 bancos de sangre en España, de los cuales 128 son públicos y 29 privados. Otros 30 centros son de carácter benéficosocial. El número total de donantes de sangre registrados era en 1983 de algo más de 900.000.

El decreto estableció que la obtención, almacenamiento, preparación y suministro de sangre estaba sujeto al control público, el carácter voluntario y gratuito de las donaciones y centralizó en los Centros Comunitarios de Transfusión (nivel autonómico) el envío de plasma a la industria productora de plasmaderivados, así como la distribución de estos productos a todos los centros sanitarios públicos o privados del territorio que le sea asignado.

La prueba del SIDA

Una orden ministerial de diciembre de 1985 prohibió aceptar como donantes de sangre a los individuos presumiblemente pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo -hemofílicos, homosexuales, drogadictos- de trasmisión del SIDA.La comunidad autónoma vasca fue la primera que adoptó la decisión de obligar a aplicar la prueba que detecta la presencia de anticuerpos del SIDA a todas las donaciones de sangre. Fue el 4 de octubre de 1985. Días después, el 23, la comunidad foral de Navarra obligaba a la prueba sistemática de anticuerpos en los bancos de sangre. Una año más tarde, el 10 de octubre de 1986, Cataluña impuso también la obligatoriedad de las pruebas serológicas de detección.

El Ministerio de Sanidad no extendió esta obligación al resto de España hasta el pasado día 18.

El Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias, que lleva el control de la enfermedad en España, ha realizado en el último año pruebas sobre 149.910 hemodonaciones, que dieron una seroprevalencia del virus del 0,06 por 1.000, que es la incidencia que está dando en la mayor parte de los países.

Estas cifras, según Rafael Nájera, director del Instituto Carlos III y recientemente nombrado coordinador del programa internacional que estudia los nuevos virus del SIDA, no son preocupantes. Sin embargo, las autoridades sanitarias temen que en los próximos años aparezcan nuevos casos cuyo origen está en trasfusiones de sangre contaminada, dado el lento proceso de desarrollo de la enfermedad.

El Ministerio de Sanidad ha dedicado ya este año, por primera vez, 40 millones de pesetas específicamente para la adquisición de pruebas de detección de anticuerpos. El resto del material que se adquiera con este fin se adjudicará en concurso público.