Los especialistas en salud pública de EE UU, contrarios a que se obligue a pasar la prueba que detecta el SIDA

La mayoría de los especialistas norteamericanos en salud pública que asisten en Atlanta, Georgia, a una conferencia sobre la extensión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha pronunciado en contra de establecer pruebas obligatorias para la población para detectar la presencia del virus fatal. Sin embargo, un alto funcionario del Centro para el Control de la Enfermedad (CDC), organismo oficial que patrocina la conferencia, señaló que en algún momento las autoridades tendrán que recomendar algún tipo de prueba a la población.

El criterio contrario de los especialistas a establecer algún tipo de obligatoriedad quedó patente en una votación a mano alzada realizada informalmente en uno de los seminarios. De los cientos de especialistas que asisten a la reunión, sólo dos alzaron su mano en favor de la obligatoriedad.James Curran, director del programa contra el SIDA en el CDC, dijo que había habido un "malentendido" a primeros de este mes cuando algunos medios informaron que su centro recomendaba la obligatoriedad de la prueba para aquellas parejas que soliciten una licencia de matrimonio, las mujeres embarazadas y las personas que ingresen en un hospital.

Sin embargo, Curran recalcó que una de las posibles consecuencias de la reunión de Atlanta será recomendar, con caracter voluntario o obligatorio, la realización de las pruebas del SIDA. Curran informó que cerca de 1,5 millones de norteamericanos pueden ser portadores del virus aunque hasta el momento sólo se hayan dado la enfermedad en 31.000 personas. Añadió que, en su opinión un 1% de la población de Estados Unidos puede tener el virus. Ese porcentaje, dado que no se distribuye homogéneamente ente toda la población, asciende a un 3% de la población de los Estados de Nueva York, California, Florida, New Jersey y Texas.

La posibilidad de que la prueba para la detección del SIDA pueda convertirse en Estados Unidos en una rutina similar a la de realizar una radiografía del tórax o un análisis de sangre se ha convertido en un tema de debate. Para unos, la realización a escala generalizada de estas pruebas puede convertirse en una pesadilla, y, para otros, en un deseable objetivo de salud pública. Médicos, abogados, expertos en salud pública y defensores de las libertades civiles coinciden en la urgente necesidad que detener la expansión del SIDA. Sin embargo, algunos creen que una parte importante de la población, aquella que da positivo en las pruebas pero que puede que no desarrolle nunca la enfermedad, puede sufrir daños irreparables. Algunos expertos consideran que sin garantías de confidencialidad, asesoramiento y educación estas personas pueden ser consideradas como contaminadas y pueden ver cómo se derrumba su vida, sus relaciones y su trabajo.

James Kellog, abogado de un grupo de defensa de la comunidad homosexual de Nueva, York, afirmó que "a mucha gente que ha dado positivo en las pruebas, se le ha denegado la custodia de sus hijos o un puesto de trabajo". "Esa es la razón" -añadió" por la que pedimos confidencialidad y que se proteja a la gente que da positivo en una prueba".

Benjamín Wolf, abogado de Illinois, de la Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles, considera que en el contexto de un próximo "matrimonio o de un embarazo existen razones para que la gente quiera saber si ha estado en contacto con el virus, pero una legislación que convirtiera la prueba en obligatoria me parece inapropiada".

Catástrofe

El doctor Stewart Levin, presidente de la sección de enfermedades infecciosas del hospital de Saint Luke, de Chicago, afirma que el SIDA "es el peor acontecimiento que ha ocurrido en Estados Unidos desde la II Guerra Mundial". Considera que, aunque facilitar a la gente información esencial sobre su salud beneficia a la sociedad en su conjunto, el riesgo comienza cuando políticos y otros violan la intimidad de la gente e inician "una caza que termina por arrojar a la gente de, sus puestos de trabajo".Los expertos, indican que aquellos; que abogan por que se imponga la obligación de realizar la prueba del SIDA deben explicar qué se hace con la población que da positivo en las pruebas, lo que significa que ha estado en contacto con la enfermedad.

"¿Qué hacer después de las pruebas?", pregunta Levin. "¿Internamos a los positivos en campos de concentración? ¿Los ponemos en arresto domiciliario? ¿Les marcamos para impedir que tengan relaciones sexuales".

Los cálculos sobre el número de norteamericanos que han estado en contacto con el virus varían, pero algunos cálculos eleva la cifra hasta los dos millones de personas. Nadie sabe cuántos de ellos padecerán la enfermedad, pero es seguro que pueden transmitir la enfermedad a otras personas a través de las relaciones sexuales. La mujeres embarazadas que han estado en contacto con el virus tienen entre un 30% y 50% de posibilidades de pasar la enfermedad a sus bebés.

Actualmente en Estados Unidos las pruebas para detectar la presencia del virus se exige a los donantes de sangre y a algunos empleados federales, como los miembros de las fuerzas armadas.