El Gobierno canario, condenado por faltar al honor en un texto sobre planificación

El Gobierno autónomo de Canarias ha sido condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife a abonar una indemnización de cinco millones de pesetas a una familia tinerfeña por un delito de intromisión ilegítima en el honor y la propia imagen. Los afectados habían presentado una demanda por la publicación de un folleto de planificación familiar, de la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, ilustrado con varias fotografías de principios de siglo en las que aparecían algunos parientes de los autores de la denuncia. El Gobierno ha anunciado que recurrirá ante el Supremo.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Alonso Mañero, había ordenado en el pasado noviembre el secuestro cautelar de la edición. El documento, titulado Notas de familia, había sido impreso para distribuirlo como material didáctico sobre el control de la natalidad e incluía las fotografías objeto de la polémica.

La directora general de Salud, María Luz Acevedo, declaró que había puesto fuera de circulación el trabajo antes de que se pronunciara el juez "al conocer el revuelo que se había levantado".

Museo municipal

Los autores del mismo, dos alumnos y un profesor de la facultad de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, recibieron el encargo de la citada consejería a título personal. Como la idea consistía en exponer el desarrollo de los métodos anticonceptivos a través de la evolución de la familia, recurrieron al museo municipal de dicha ciudad para hacer acopio de fotos históricas. En este centro se les puso en contacto con el propietario de un estudio fotográfico.Según los diseñadores de la publicación, esta persona, que es una de las demandantes y cuya identidad no ha querido revelar, no puso impedimento para que se usaran las fotos familiares que les facilitó. Sin embargo, él mismo ha declarado que no fue informado sobre el destino de dicho material gráfico. Algunas de las imágenes que figuran en las instantáneas obtenidas a principio de siglo corresponden a personas vivas. Edinundo González Hernández, abogado de los denunciantes (una tía y un sobrino pertenecientes a una conocida familia de la isla), presentó una demanda civil.

El juez obliga también en la sentencia a reproducir el fallo en el periódico local El Día y en Televisión Española en Canarias, donde se insertaron algunas fotos del folleto. La sentencia no será firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.