Reprivatización social

Es descorazonador comprobar como se siguen incumpliendo problemas públicas. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social promete lo que ya se prometió y se dejó incumplido ("Chaves aseguro ayer que la intención del Gobierno era que, al acabar esta legislatura, no haya una pensión por debajo del salario mínimo", se dijo el 27 de diciembre de 1986). Nuevas promesas para nuevas decepciones. Los más de cuatro millones de pensionistas que desde hace años vienen reivindicando la homologación de su pensión mínima al salario mínimo interprofesional comprueban que las reiteradas promesas oficiales se quedan en palabras.Si en 1986 la diferencia era de 10.341 pesetas mensuales entre la pensión mínima sin cónyugue y el salario mínimo, en 1987 -teniendo en cuenta el aumento del 5% del salario mínimo- la diferencia aumenta a 10.558 pesetas (pensión: 31.590, salario: 42.148, diferencia mensual: 10.558 pesetas).

Es impensable la homologación si no se adopta la decisión política de presupuestar de golpe una cantidad superior a los 200.000 millones. La verdad es que, en general, en la revalorización de las pensiones se aprecia un ánimo cicatero y restrictivo que evidencia la continuación de esa política, "racional-ahorro" emprendida por el Gobierno con la Ley de Pensiones de julio 1985. ¿No es indignante que a una viuda, con 65 años de edad, se le revalorice su pensión mensual de 22.700 pesetas con un aumento de 1.365 pesetas? Y si esa viuda cobra la pensión del SOVI el aumento para 1987 se limita a 945 pesetas al mes.-