Detenidos un general y 12 oficiales golpistas filipinos

Los militares filipinos parecen ganar influencia al término del abortado intento de golpe militar que concluyó en la tarde del jueves en Manila pese a la detención de 13 oficiales, entre ellos un general, 159 soldados y 157 civiles relacionados con la sublevación. Por su parte, la guerrilla comunista declaró formalmente rotas las negociaciones de paz y anunció que reanudará sus ataques a partir del 8 de febrero, cuando acabe e actual período de 60 días de alto el fuego. Una vez más, militares y guerrilla polarizaron ayer la atención pública en Filipinas.

Mientras tanto, la presidenta, Corazón Aquino, hacía campaña en Davao (Mindanao) en pro del sí a la nueva Constitución, que deberán aprobar o rechazar los filipinos el próximo lunes, 2 de febrero. Aquino reveló también que "un centenar" de civiles, "incluidas importantes personalidades", pueden ser detenidos y juzgados en los próximos días por su implicación en el último intento golpista.En Manila, los líderes del Movimiento Campesino Filipino y de varias organizaciones de la izquierda celebraron funerales por los 15 muertos (18, según los manifestantes) que cayeron bajo las balas de la policía y del Ejército, el pasado 22 de este mes, cuando se manifestaban por la reforma agrícola en el puente de Mendiola, que da acceso al palacio presidencial de Malacañang.

La pugna principal de la actual crisis filipina se centra en las consecuencias que puede tener la firme decisión adoptada, pon vez primera, por la presidenta Aquino -después de haber rechazado tres intentos golpistas- de enviar a los tribunales, civiles o militares, a los implicados en el último intento de golpe de Estado, protagonizado por militares autodefinidos como anticomunistas y por seguidores del ex presidente Ferdinand Marcos. El dictador derrocado intentó el miércoles regresar a Filipinas desde su exilio en la isla norteamericana de Hawai, pero su proyecto fue abortado por las autoridades estadounidenses.

[Marcos pidió ayer a las autoridades de EE UU autorización para regresar a su país "para salvar al pueblo filipino del yugo y la tiranía del comunismo, informa AFP. "¿Qué puedo hacer yo, pobre de mí, que he sido vuestro aliado durante tantos años? Sólo puedo hacer lo que me digáis", señala Marcos en su llamamiento público al Gobierno de EE UU.]

"La única solución es aplicar la ley marcial a los militares sublevados", dijo Jocker Arroyo, el influyente secretario ejecutivo de la presidenta, mientras participaba en los actos funerarios de los campesinos muertos en el puente de Mendiola.

¿Pueden surgir nuevas divisiones entre los militares si se aplica la ley marcial a los rebeldes? "El asalto a la estación de televisión", añadió Arroyo a un grupo de periodistas, "mostró que se trata sólo del 0,0001 % de los militares filipinos y que hay que aplicar las leyes".

Por su parte, el jefe del Alto Estado Mayor, Fidel Ramos, que se mostró flexible durante las negociaciones de rendición de los rebeldes -en las que dijo que era prematuro hablar de ley marcial-, apareció ayer como un fiel seguidor de las posturas de la presidenta, al anunciar la detención de oficiales, soldados y civiles que estuvieron implicados en el intento de golpe militar en la base de Villamor, Sangley, Canal 7, Campo Aguinaldo y Fort Bonifacio.

En Fort Bonifacio, en Manlia, donde fueron enviados los soldados y oficiales que ocupaban y el Canal 7 tras su pacífica salida en la tarde el jueves, hubo, al parecer, resistencia por parte de los amotinados a entregar sus armas, por considerar que Ramos les había traicionado al proponer un compromiso de rendición pacífica que no supondría detenciones.

Entre los detenidos destaca la personalidad del teniente general retirado José María Zúmel, que participó ya en el intento de golpe militar iniciado el 6 de julio de 1986 con la ocupación del hotel Manila.

Como dato curioso, el general Zúmel es el hermano mayor de Antonio Zúmel, principal líder, junto con Satur Ocampo, del Frente Nacional Democrático (FND), que pactó el precario alto el fuego de 60 días y participó en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla comunista del Nuevo Ejército Popular.

Zúmel, el negociador de la guerrilla, es también noticia en Filipinas, tras celebrar ayer una conferencia de prensa clandestina en la que dijo que es imposible seguir negociando en la situación actual un acuerdo de paz con el Gobierno de Corazón Aquino.

El FND abandonó, el mismo día que se produjo la matanza de campesinos filipinos que se rnanifestaban ante el palacio presidencial de Malacañang, una reunión con los representantes del Gobierno, y anunció una suspensión "indefinida" de las negociaciones de paz.

Sangriento desenlace

Ayer, el FDN afirmó que el sangriento desenlace de la manifestación campesina del pasado día 22, en la que se produjeron 15 muertos, ha hecho comprender a la guerrilla la futilidad de las negociaciones.Esta postura fue reafirmada por el FND en una edición especial de su órgano, Liberation, en la que informa de la "retirada oficial de las negociaciones de paz con el Gobierno de Aquino" aunque anuncia que respetará el alto el fuego hasta la fecha de su expiración, es decir, el próximo 8 de febrero.

Según el comunicado, la guerrilla respetará el alto el fuego acordado el pasado 27 de noviembre, pero el FDN anuncia que se reserva el derecho a la "autodefensa" y a defender "contra cualquier futura operación armada de los militares" a todos aquéllos a quienes dice representar.

Esto hace prever una nueva escalada bélica entre Ejército y guerrilla en Filipinas, tras el hundimiento de unas negociaciones de paz, nunca muy bien aceptadas por los militares filipinos. Estos se muestras más partidarios de la lucha militar contra las guerrillas comunistas o las separatistas del Frente Islámico, a pesar de que 18 años de hostilidades han venido demostrando que el enfrentamiento armado tampoco aporta soluciones.