El aborto, suspendido

LA SUSPENSIÓN temporal del decreto de ampliación del aborto, acordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre tanto se sustancia el recurso de fondo que contra dicho decreto interpuso el 4 de diciembre pasado la asociación Acción Familiar, coloca al Gobierno en una posición dificil en sus esfuerzos por hacer operativa la ley de despenalización parcial del aborto de 12 de julio de 1985. Esta suspensión retrotrae la actual situación sobre la práctica legal del aborto en España a la existente bajo la orden ministerial de 31 de julio de 1985, creadora de las controvertidas comisiones de evaluación, que han sido reiteradamente señaladas como un instrumento de control frente a las demandas de aborto legal. De hecho, a su amparo sólo se ha permitido en un año la práctica de 300 abortos legales, cuando todos los datos apuntan a que los supuestos legales de aborto superan la cifra de 30.000 cada año.El núcleo argumental que ha enfrentado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y al Gobierno respecto de la suspensión del decreto era determinar la existencia o posibilidad de daños o perjuicios grave! para el interés general si aquélla era acordada. Mientras el Gobierno, por interposición del letrado del Estado, y el propio ministerio fiscal han mantenido siempre la existencia o posibilidad de estos daños, el tribunal las ha considerado no justificadas o, en todo caso, no demostradas documentalmente por el Gobierno. Y es aquí donde se produce un curioso razonamiento de los componentes del tribunal.

Dicen los magistrados que mantener que pueden derivarse perjuicios o daños de dicha suspensión es lo mismo que mantener que de la aplicación de la orden ministerial de 31 de julio de 1985, que ahora vuelve a estar vigente, se deriva un peligro grave para el interés general. Y ello es totalmente cierto, y, precisamente para evitarlo, tras una experiencia de un año que así lo ha nuestro de manifiesto el Gobierno decidió nromulgar el decreto de 21 de noviembre pasado, que el Supremo ahora suspende. Con lo cual, los daños y perjuicios que el Gobierno intentó evitar con su decreto, el tribunal los vuelve a poner en circulación con su decisión.

Daños económicos generados por la puesta en funcionamiento de todo el aparato sanitario que ahora queda en desuso; daños morales producidos por las expectativas frustradas de miles de mujeres y de sus familiares, que ven dificultado o impedido su derecho al aborto legal; gravísimos daños físicos, en fin, como la muerte de la gestante y del feto, que podrían derivarse del obligado regreso al aborto clandestino ante las nuevas dificultades para practicar legalmente la interrupción del embarazo. Daños todos estos que están directamente relacionados con el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de este país a que no se les cierre, hasta casi la obstrucción, la vía del aborto en los supuestos que la ley autoriza.

Este negro panorama que amenaza la salud y la vida de miles de mujeres, a cuya protección tienen derecho preferente en los supuestos legales de aborto, vuelve a estar presente en la vida nacional como consecuencia directa de la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Puede ser que el Gobierno haya sido negligente o no haya acertado a probar documentalmente la evidencia de esta situación, pero para cerciorarse de que ello es así basta con tener los ojos bien abiertos y los oídos atentos al mundo circundante. Porque el viejo aforismo judicial de que "lo que no está en los autos no está en el mundo" es muy acertado en cuanto expresa el obligado rechazo del juzgador a toda influencia extraña al proceso, pero no es demasiado recomendable en cuanto vía de conocimiento. El mundo sigue moviéndose, esté dentro o no del proceso, y la vida humana se manifiesta y desarrolla en las más variadas formas, y a ellas tiene que atender todo gobernante. Y también el juzgador, si quiere que su decisión sea justa, además de legal.

Precisamente, este Gobierno, que se ha comportado de manera pusilánime en la solución del problema del aborto, ha pretendido con el decreto ahora suspendido asumir in extremis su responsabilidad ante el boicoteo que ha impedido acogerse a miles de mujeres al derecho del aborto legal. Pero, por lo que se ve, quienes han hecho del nasciturus una bandera ideológica y hasta política no están dispuestos a facilitarle la tarea.