Buenos propósitos sin compromisos a plazo fijo

Las conclusiones aprobadas el pasado viernes, tras dos días de debates entre magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores, oficiales, auxiliares, agentes, forenses y otros profesionales vinculados a la administración de justicia son un catálogo de buenas intenciones, sin compromisos concretos y a plazo fijo para los organizadores de las jornadas: el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.En todo caso, es un avance la constatacíón de que existe corrupción en la justicia "en proporciones numéricas preocupantes".

Según los participantes en las jornadas, esta corrupción es consecuencia "de la ineficacia general de la administración de justicia y del incumplimiento de la ley por quienes participar en la misma". Se reconoce asimismo que la investigación y persecución de las conductas corruptas "por jueces y fiscales resulta actualmente insuficiente".

Se estima también que, "pese a las limitaciones de medios personales y materiales existentes", resulta posible en la actualidad "adoptar medidas contra la corrupción, de forma inmediata, por tratarse de casos concretos, localizables e individualizables". Otra novedad es la apelación al debate y a la transparencia informativa y el rechazo de Ias actitudes obstruccionistas".

Entre las medidas "inmediatas" contra la corrupción figuran la "actuación decidida de jueces, fiscales y secretarios"; la "investigación de oficio en los supuestos notorios de rumor público generalizado"; "facilitar el ejercicio de la acción popular y de las denuncias"; "supresión del dinero en la oficina judicial, mediante la utilización de oficinas bancarias", y la "investigación de la fortuna" de los presuntos corruptos.

Un nuevo debate

Las conclusiones sobre organización de la oficina judicial, cumplimiento de las garantías procesales y agilización del proceso afectan también a la erradicación de la corrupción.

Como conclusión general resalta la de que es nepesarío un nuevo debate sobre la corrupción, pero a esta necesidad tampoco se le fijó plazo.

Se acordó que las instítuciones "que pueden y deben hacerlo" tomen medidas resolutivas para el cumplimiento de las garantías procesales, "especialmente en lo que se refiere a la desaparición de las corrupciones y disfunciones y al cumplimiento del principio de inmediación"; desarrollo al máximo de la formación, y derogación de las actuales leyes procesales, para propiciar "un proceso único, sencillo y claro" en lo civil y "un proceso rápido" en lo penal.