Anónimas corruptelas judiciales

Las jornadas "de estudio y debate sobre las corrupciones en la Administración de justicia, sus modalidades, causas, remedios y responsabilidades", anunciadas para mayo de 1986 en la declaración programática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituido en octubre de 1985, se celebraron casi un año después de lo previsto y con un objetivo menos concreto.Se logró, sin embargo, que sectores que hasta ahora habían ocultado la existencia de las corruptelas económicas, el delito de cohecho o los sobornos conocidos con el nombre de astillas (definidas por la magistrada Manuela Carmena como "Ia madera que aviva el fuego, crea expectativas y acelera el trámite") no se atrevieran a negar la evidencia, si bien todos encontraron al fenó meno explicaciones situadas muy lejos de su concreta

competencia.

Al comienzo de las jornadas todos pedían la palabra y todos acusaban a todos del mal funcionamiento de la oficina judicial. Fue entonces cuando se constató que "en la Administración de justicia no funciona nada" y que "sólo un exorcismo", como decía bromeando, el portavoz del consejo, Juan José Martínez Zato, "será capaz de arreglar esta situación".

El magistrado Luciano Varela preguntó si el consejo se quedará en "gestor del caos" o se atreverá, aun a costa de mantener sanas tensiones con otros poderes del Estado, a convertirse en "elemento dinamizador de una transformación cualitativa". No hubo respuesta.

A otra pregunta sobre si el actual consejo llevaría hasta sus últimas consecuencias su compro miso con el principio de inmediación [atención directa, sin intermediarios, del juez al ciudadano], el vocal del consejo Pablo García Manzano contestó que si tenía que ser hasta sus últimas consecuencias, "habría que pensarlo". Existen jueces para los que dictar sentencia es indicarle al auxiliar: "Condena con costas".

Entre los expertos que asistieron a las jornads, el catedrático de Derecho Procesal de la universidad de Valencia, Juan Montero Aroca, afirmó que la oficina judicial actual es "pura desorganización". Para organizarla apeló, más que a las leyes o a los juristas, a los organizadores de empresas de servicios y a la informática.

Puso un ejemplo: si una persona desea adquirir un complicado pasaje de avión para el trayecto Valencia-Madrid-Bogotá-México-Madrid-Valencia, con intervención de tres compañías de aviación, cualquier agencia de viajes resuelve el problema en 10 minutos; un problema jurídico de similar complejidad -averiguar si los honorarios que un Ayuntamiento debe a un arquitecto por elaborar un proyecto deben reelamarse de los tribunales civiles o de los contencioso-administrativos- puede ocupar toda la tarde de un magistrado buscando artesanalmente jurisprudencia para solucionar el caso.

'Pecado venial'

Las jornadas alcanzaron su máximo interés cuando se entró de lleno en el problema de la corrupción económica en la oficina judicial.Aunque nadie se atrevió a justificar plenamente la astilla, hubo algún oficial que habló de los bajos sueldos de los funcionarios que obligaron hace años a un compañero suyo a no poder pagar el importe completo de la pensión en donde se hospedaba, como consecuencia de lo cual "se quedaba sin postre". Un magistrado afirmó que apenas existe corrupción y que Ia que hay es, dijo, "pecado venial".

Los secretarios judiciales se mostraron expertos en el tema, por su conocimiento del funcionamiento de la oficina judicial. Pero no todas las opiniones eran idénticas. El presidente del colegio nacional, lldefonso Rodríguez García, explicaba que cuando el funcionario recibe una cantidad "de otro sujeto que la ofrece, su conducta es totalmente pasiva", o recordaba que algunos fancionarios "se han excedido en el cobro de algunas cantidades, que de todas formas fueron pagadas sin protesta alguna".

La corriente denominada Ruiz-Vilaplana, e incluso miembros del comité ejecutivo del colegio nacional, condenaban sin vacilaciones la corrupción.

Éste es el caso de Andrés Benítez, Ernesto Manzano y Luis Martín Contreras, quienes, además de insistir en su viejo proyecto de que la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones se realizara en establecimientos adecuados, como la Caja Postal, propusieron varias iniciativas para erradicar la corrupción, entre ellas la de desperializar el cohecho activo [el que comete quien entrega una cantidad para corromper a un funcioriario], a fin de favorecer las denuncias contra el funcionario.

Esta iniciativa, asumida por la gran mayoría, no gustó al representante del sindicato independiente, quien señaló que en ese caso se produciría un aluvión de denuncias. El representante de UGT alegó, por su parte, que no debe despenalizarse el cohecho activo porque, "con perdón de las mujeres", dijo, "tan marica es el que da como el que toma".

La línea maestra de la lucha contra la corrupción fue marcada por los dos ponentes que abordaron el tema de La circulación de dinero en la oficina judicial: el fiscal de Alicante Miguel Gutiérrez Carbonell y el abogado de Madrid Juan Aguirre Alonso. Este último puso como ejemplo de es curantismo que, para preparar la ponencia, el CGPJ no le permitiera utilizar los importantes materiales con que cuenta. La gran mayoría de las soluciones propuestas por ambos figura entre las conclusiones de las jornadas aunque suavizadas.

Sospechosos

Gutiérrez Carbonell resaltó, frente a la tentación de corporativismo, la máxima transparencia informativa y la persecucíón de las conductas sospechosas de corrupción, que perjudican a los ciudadanos menos dotados económicamente y a los que se resisten a pagar lo indebido. Denunció la permisividad de jueces, fiscales, abogados y procuradores. [Precisamente, Gutiérrez Carbonell es uno de los escasos fiscales que han mantenido la acusación contra presuntos funcionarios corruptos.]Aguirre Alonso apostó decididamente por la utilización de oficinas bancarias en evitación de que circule dinero en los juzgados y el establecimiento de una única oficina de embargos en las grandes poblaciones. Advirtió del elevado riesgo de gratificaciones con motivo de los peritajes y, en presencia del presidente de la Asociación Nacional de Peritos Tasadores Judiciales, señaló que hay peritos que valoran de diferente forma "según para quién".