Febres rechaza la petición parlamentaria de que dimita

El presidente de Ecuador, León Febres Cordero, se mantendrá en su cargo a pesar de la petición mayoritaria del Congreso de que renuncie y sea sustituido por el vicepresidente, Blasco Peñaherrera, afirmó ayer el portavoz del Gobierno y secretario de Información, Marco Lara. El portavoz no quiso dar precisiones sobre la situación de los 74 soldados y suboficiales de la base de Taura trasladados el pasado miércoles a Quito.

Familiares de los soldados rebeldes manifestaron ayer su preocupación por carecer de noticias sobre sus parientes, y dijeron que les habían negado información tanto el Palacio de Gobierno, sede de la presidencia de la República, como el Ministerio de Defensa.A preguntas de los periodistas, en una conferencia de prensa, Marco Lara afirmó que los trasladados se encontraban en la base aérea de Quito, pero cuando se le insistió en si todos estaban allí dijo que no tenía información al respecto.

Un diario de la capital ecuatoriana informaba ayer que los soldados rebeldes habían sido dispersados por distintas unidades militares del país. El portavoz del Gobierno manifestó que los participantes en el secuestro del presidente Febres Cordero habían sido trasladados por una orden administrativa normal, "como la que puede recibir cualquier militar". Sin embargo, al preguntarle si estaban en libertad, Marco Lara repitió que carecía de noticias sobre eso y que habría que preguntar al Ministerio de Defensa.

Un coronel de la base aérea de Quito consultado por este diario no quiso revelar la situación de los soldados traslada dos desde Taura, aunque afirmó que no eran ciertas las noticias de que algunos de ellos habían muerto durante la detención.

Fuentes periodísticas de Guayaquil, ciudad próxima a la base de Taura, insistían ayer sin embargo, en que los amotinados la pasada semana fueron desarmados y detenidos por la fuerza por unidades del Ejército de Tierra, y algunos de ellos maltratados y heridos durante la detención.

Las medidas contra este grupo de soldados rebeldes y la incógnita sobre el paradero del general Frank Vargas, liberado la pasada semana a cambio del presidente mantienen la incertidumbre sobre la situación política en el país, que no ha desaparecido con el anuncio de que Febres Cordero seguirá en el cargo.

Marco Lara dijo que la decisión del Congreso, aprobada en la noche del miércoles por 38 votos a favor, 29 en contra, dos abstenciones y dos ausencias, no tiene valor moral "porque ningún valor moral puede tener una decisión tomada por odio y revanchismo". Afirmó que la moción era la opinión de "38 ciudadanos" y que el presidente "no puede tomar en serio los consejos de los enemigos".

El portavoz aseguró que la resolución del Parlamento no tendrá ninguna consecuencia en el país, ya que "ni siquiera ha logrado marchitar las flores del palacio del Gobierno". Criticó al opositor Bloque Progresista -que calificó de "campo natural de las contradicciones, porque ahí, como en ninguna parte del mundo, se han unido comunistas y capitalistas, socialdemócratas y demócratas cristianos"-, y afirmó que "la oposición quiere llegar al poder aunque sea por la chimenea".

La moción en la que se exhorta al presidente a renunciar, al considerarle responsable de los sucesos de la base de Taura fue aprobada, después de dos días de debate, con los votos de los 17 diputados de Izquierda Democrática (socialdemócrata), seis del Partido Socialista de Ecuador (socialista marxista), cuatro de Democracia Popular (democratacristianos), cuatro del Movimiento Popular Democrático (comunistas pro-chinos), tres del Frente Amplio de Izquierda (comunistas pro-soviéticos), tres del Partido Roldosista Ecuatoriano (populistas) y un no afiliado.

En contra, votaron los 13 diputados del Partido Socialcristiano, tres del Partido Liberal (ambos forman parte del Gobierno), ocho de Concentración de Fuerzas Populares (populista de centro derecha), dos del Frente Radical Alfarista (populista), un diputado del Partido Conservador, uno de Pueblo, Cambio y Democracia y uno del Partido Democrático.

El Congreso queda ahora a la espera, según indican fuentes parlamentarias, de una respuesta formal del presidente a la exhortación que se le ha hecho, tras lo cual se estudiará la posibilidad de solicitar un enjuiciamiento político del jefe del Estado. Ello parece bastante improbable, puesto que la oposición no cuenta con los dos tercios necesarios para esa reunión.