Confusión en la reconversión

EL MINISTRO de Industria, Luis Carlos Croissier, y un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, José Luis Corcuera, han desautorizado públicamente las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, en el sentido de que el Gobierno preparaba una segunda reconversión industrial que afectaría a sectores como el siderúrgico, la minería y la construcción naval, y que supondría la desaparición de cerca de 30.000 empleos. Las centrales sindicales se pronunciaron también sobre el asunto. El PCE realizó un llamamiento a la movilización inmediata, que obtuvo una primera respuesta en algunos astilleros, y el diputado de Izquierda Unida Nicolás Sartorius ha formulado una pregunta al Gobierno.Del conjunto de pronunciamientos se deriva una enorme confusión, y la evidencia de que la pasión por la logomaquia sigue presidiendo los usos de los personajes públicos españoles. Se atiende más, en efecto, a las palabras que al asunto, con el resultado de que la trifulca verbal acaba por ¡impedir saber de qué, en concreto, se discute. Croissier asegura que las manifestaciones del secretario de Estado "no reflejan la posición del Gobierno", pero precisa que esa posición está basada en la necesidad de "realizar un ajuste permanente en nuestras estructuras industriales". Corcuera negó que se plantee una nueva reconversión, pero admitió "la necesidad de adaptar algunos sectores industriales no afectados por la ley de reconversión a las nuevas exigencias técnicas y productivas que se derivan de nuestra integración en la CE". O sea que no son las ideas expuestas por Guillermo de la Dehesa, sino la oportunidad de exponerlas ahora, o la forma de hacerlo, lo que se desautoriza. Porque de otro modo sería absolutamente incomprensible -aunque ya es comprensible casi todo en los usos de los Gobiernos socialistas- que aquí sigan todos en sus cargos, desdiciéndose, contradiciéndose y aun maldiciéndose, antes de que empiecen a echar la culpa a la Prensa, cosa segura en cuanto alguien vea en peligro su cabeza.

Se mezclan aquí varios niveles. Al haber citado entre los sectores objeto de nuevos ajustes a algunos de la industria vasca, refiriéndose de forma explícita a Altos Hornos de Vizcaya, el secretario de Estado de Economía ha irrumpido en el proceloso mar de la política de Euskadi, agitado por las negociaciones para formar Gobierno. Al hablar de una segunda reconversión, ha alarmado a los trabajadores que pueden perder su empleo y puesto contra la pared a los políticos socialistas que anunciaron hace meses que la reconversión era un proceso ya culminado. Y al mencionar el caso de Hunosa han sonado todos los timbres de alarma: la minería en general, y la asturiana en particular, son un tema demasiado sensible -y la historia de las revoluciones en España nos habla de ello- para despacharlo así. Por si fuera poco, está pendiente el pacto entre empresarios y sindicatos para 1987. Y este año, para rematar, finaliza el plazo de permanencia en los fondos de desempleo de los afectados por la reconversión de 1984, con lo que el Estado se verá en la necesidad de reponer en su trabajo a aquellos que vieron suspendido su contrato laboral.

Pero el asunto de fondo es si habrá o no nuevas reconversiones, y si éstas afectarán a unos 25.000 o 30.000 trabajadores más. Y esta cuestión no ha sido claramente desmentida, independientemente de la cuantificación de empleos a extinguir, sencillamente porque un tipo de reconversión, se la llame como se la llame, está siendo preparada. Fuentes oficiales reconocen que tan sólo en la siderurgia -común, integral y especial- hay un excedente de unos 13.000 puestos de trabajo. La infrautilización de la capacidad productiva de los astilleros de titularidad pública supuso en 1986 pérdidas por un importe de 35.000 millones de pesetas. Las de Hunosa superaron los 38.000 millones. El ingreso en la CE obliga a la industria española a un esfuerzo de adaptación permanente, difícilmente divisible en fases o etapas determinadas de antemano. Las variaciones de la demanda interna y las del mercado internacional -y las medidas de obligado cumplimiento adoptadas en Bruselas- determinan un marco inestable y dinámico. La adaptación de las empresas a las nuevas condiciones no puede seguir pautas rígidas. Tampoco limitarse a la reducción de personal, poco eficaz si no va acompañada de medidas para aumentar la productividad, y por tanto la competitividad, mediante mejoras en la calidad y la organización de los métodos de trabajo.

Parece éste un tema extraordinariamente importante, en el que los responsables económicos del Gobierno se muestran públicamente divididos. A su regreso, hoy, de Túnez y Egipto, el presidente tendrá que poner orden en la casa. Si quiere la casa en orden.