Exposición pública, exposición privada

El mismo día, 5 de enero, en que el presidente del Gobierno se reunía para aprobar los proyectos con las autoridades andaluzas y sevillanas, junto al comisario general de la exposición, Manuel Olivencia, éste entregaba a Felipe González una carta de José María Cuevas, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que se exige una amplia participación de los empresarios en la toma de decisiones. La carta, de fecha 30 de diciembre, contiene, según fuentes de la oficina del comisario general, peticiones "desorbitadas", entre ellas participar en la Sociedad Estatal para la Expo 92, y que toda la iniciativa privada, incluida la extranjera, se canalice a través de la CEOE.Con esa carta tienen relación directa las palabras de Felipe González, en la conferencia de prensa celebrada ese mismo día 5, al advertir que el Gobierno debía ser "escrupuloso" para que no haya empresarios que estén en el órgano que adjudica las contratas -el consejo de administración, de la Sociedad Estatal-, y a la vez representen a una empresa que quiere ser adjudicataria.

El planteamiento del presidente ha indignado a los empresarios. Así, un dirigente del Club 92 -agrupación de empresas interesadas en participar en la exposición- comentó a EL PAÍS que la incompatibilidad que exige Felipe González es lisa y llanamente lo legislado sobre contratos del Estado. No se trata, para los empresarios, de quedarse con las contratas de una manera tan burda, sino de dinamizar con la agilidad y las ideas de la iniciativa privada una exposición que de otra manera puede quedar ramplona y gris. Prueba de la bondad de la demanda sería el éxito de los Juegos Olímpicos de los Ángeles en 1984, de iniciativa totalmente privada, o la promoción empresarial de la Exposición de Vancouver (Canadá) en 1986.

Claro que para el Ayuntamiento de Sevilla la exposición de Vancouver es una operación, especulativa de terrenos, consistente en revalorizar unos terrenos ocupados por instalaciones portuarias en desuso. El consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, rechaza tajantemente la apertura de la Sociedad Estatal al capital privado -"Eso nunca", afirma- y considera "irrenunciable" su carácter exclusivamente público. Pero es Olivencia, que cuando fue nombrado comisario en 1984 pasaba por defensor de los intereses de la derecha, quien ahora aparece como el malo, "más papista que el papa" en su celosa defensa de los reglamentos, frente a un supuestamente más flexible presidente del Gobierno.

El comisario proclama que "la iniciativa privada es la que puede dar riqueza y alegría a la Expo", y por tanto muestra su disposición a resolver el problema, pero sin saltarse las normas. La iniciativa privada puede centrar sus esfuerzos en los segundos negocios: restaurantes, hoteles, transportes... Pero sin convertir la Expo en una feria de muestras. También recuerda que existe un convenio de colaboración con la CEOE, a través de Club 92, y que en el consejo de administración de la Sociedad Estatal están sentados varios empresarios, como Manuel Guasch, director general del Consejo de Cámaras de Comercio, Rafael Martínez Cortiña, vicepresidente del Banco Exterior, y Jesús SainzDe una forma u otra, todas las partes interesadas coinciden en que ésta es la cuestión fundamental a resolver ahora, y que además debe resolverse enseguida. Es la nueva querella de la Expo 92 para los próximos meses.

Pero las diversas autoridades implicadas, a quienes los empresarios reclaman su parcela de iniciativa, acaban de salir de otra guerra no menos dura: todas las administraciones públicas relacionadas con la Expo 92 han tratado de controlar la Comisaría, mientras su titular intentaba hacer las cosas lo más posible a su modo, invocando su condición de delegado directo de la Presidencia del Gobierno. Enfrente, la Comisión Nacional del Vº Centenario, que preside Luis Yáñez, recordaba que la exposición es parte de las celebraciones de 1992; el Ayuntamiento de Sevilla invocaba su derecho a participar para defender los intereses de la ciudad, y la Junta de Andalucía advertía que la muestra se hará en la región, y además en un lugar, la Isla de la Cartuja, donde la Junta tiene todas las competencias.

De hecho, durante 1986 se estuvieron elaborando a la vez tres planes: la Comisaría hacía el de Ordenación de la Exposición, la Junta el Especial de Ordenación de la Isla de la Cartuja, y el Ayuntamiento el General de Ordenación Urbana de Sevilla. El Ayuntamiento terminó primero, pero fue Yáñez quien, el 19 de noviembre, rompió las hostilidades públicas, convocando en Sevilla una conferencia de prensa para criticar al comisario por falta de ideas. El alcalde Manuel del Valle apoyó las críticas de Yáñez y, el 1 de diciembre puso el grito en el cielo ante la intención de Olivencia de presentar a Felipe González el proyecto del plan de la Expo, sin consultarlo en Sevilla. En el fondo, Yáñez y Del Valle se apoyaban sin reservas, mientras la Junta -cuyo presidente, José Rodríguez de la Borbolla, está enfrentado a Yáñez- se movía entre un matizado apoyo a Olivencia y el intento de asumir la mediación.

La paz de la Moncloa

En un clima cada vez más enrarecido, Olivencia preguntaba por su futuro a su inmediato superior, el ministro secretario de la Presidencia, Virgilio Zapatero, y el presidente del Gobierno llamaba a la Moncloa, el 15 de diciembre, a las autoridades socialistas implicadas: Rodríguez de la Borbolla, Montaner y Del Valle almorzaron con Felipe González en la Moncloa el pasado 15 de diciembre. Yáñez ni estuvo en esta comida ni estaría después en Sevilla en la reunión del acuerdo. El presidente puso los puntos sobre las íes, da un simbólico puñetazo sobre la mesa y establece las reglas del juego: todas las instancias tienen competencia en el asunto, y por tanto todos los planes deben consensuarse.A partir de ahí, políticos y técnicos no pararon hasta después de Navidad, negociando el plan de la Expo y el de la Cartuja, así como la incardinación de ambos en el PGOU de Sevilla. El 23 de diciembre se llegó a un acuerdo de principio sobre la ordenación de la Cartuja, poco después la Comisaría terminaba el diseño del proyecto de exposición, enmarcado en el plan de la isla, y por fin el 5 de enero Felipe González acudía a Sevilla, daba su aprobación a lo hecho y celebraba una triunfal conferencia de prensa en la que anunciaba la inmediata entrada de las excavadoras en la Cartuja.

Ahora, cuando la Junta, la Comisaría y el Ayuntamiento consideran superados los enfrentamientos, ninguna de las fuentes considera que Olivencia hubiera estado en algún momento en peligro cierto de destitución. Su equipo, en cambio, ha sido muy atacado y aún se considera probable que haya más cambios en él que la contratación de dos nuevos arquitectos -"solventes", según la Junta-, realizada en los últimos tiempos. Curiosamente, políticos de una y otra instancia coinciden ahora en echar gran parte de la culpa a los técnicos. Los arquitectos, ya se sabe, lo ven todo muy fácil sobre el papel y se dedican a pelearse dibujo contra dibujo.

Sin embargo, fuentes de la Junta que sí reconocen un alto nivel de enfrentamiento entre los responsables políticos recuerdan que fueron éstos quienes tentaron al diablo convocando a los arquitectos: el concurso de ideas celebrado durante 1986 reunió a 11 equipos -uno de los 12 convocados se retiró-, que cobraron cuatro millones de pesetas cada uno por presentar un proyecto de exposición. El premio del concurso fue compartido por los equipos de José Antonio Fernández Ordóñez -hermano del ministro- y del argentino Emilio Ambasz, pero la maqueta final, construida apresuradamente durante la Navidad, no se parece en nada a ninguno de los dos planos premiados.