El Rey llama a la prudencia

EL REY, a quien la Constitucion atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas, describió ayer, en su tradicional discurso dirigido a los ejércitos con motivo de la celebración de la Pascua Militar, los rasgos que definen el modelo de fuerzas armadas de un país democrático. A su vez, el Monarca pidió a los responsables de la política de seguridad el "rnayor tacto y prudencia" en relación a las negociaciones sobre la integración de España en la OTAN y la reducción de la presencia militar norteamericana en nuestro país.Don Juan Carlos agradeció a los tres Ejércitos su "generoso reconocimiento de las necesidades de reforma, de reorganización, de reestructuración o de reducción", aceptando disciplinadamente los eventuales inconvenientes "que cada uno pueda experimentar en un momento dado", en aras de la adecuación de las Fuerzas Armadas al "modelo que el Estado y la sociedad requieren". Frente a la mentalidad intervencionista que caracterizó al Ejército español a lo largó de 150 años, las Fuerzas Armadas deben volcarse en la consecución de una "operatividad real para hacer posible su misión de defender militarmente a España, desprendiéndose de motivaciones ajenas a la profesión de las armas".

Ese ideal de ejército democrático, que "sin exclusivismos ni cerrados criterios comparte sus valores con todos los españoles y se identifica con ellos", se contrapone al modelo de un ejército endogámico, alejado de los sentimientos y mentalidad de la mayoría de la población y que con frecuencia sustituyó su misión de defensa nacional por la de defensa frente a la nación.

Conforta por ello oír al responsable del mando supremo de las Fuerzas Armadas identificar el "amor a España" (tantas veces esgrimido falazmente para justificar comportamientos reaccionarios),con la "defensade España como nación, de la democracia como instrumento esencial para la convivencia de los españoles y de servicio al pueblo del que los propios Ejércitos forman parte".

Pero Don Juan Carlos abordó también, en presencia del presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y los mandos supremos de las Fuerzas Armadas, algunos de los más acuciantes problemas de nuestra seguridad y defensa, como los derivados de la negociación en curso respecto a nuestra integración en la Alianza Atlántica. Esas negociaciones requieren, según el Rey, "hacer gala del mayor tacto y prudencia", teniendo en cuenta "las circunstancias que en nosotros concurren" y buscando siempre "el equilibrio entre el mantenimiento de nuestra dignidad nacional y la atención a compromisos u obligaciones internacionales". El toque de atención no puede pasar desapercibido en unos momentos en que las negociaciones sobre la participación española en la defensa occidental están dando motivo a rebrotes, desde horizontes muy diversos, de una retórica nacionalista, tan anacrónica como contradictoria con la realidad de un mundo en el que conceptos como el de soberanía nacional, tal como se entendían hasta hace unas décadas, han entrado en crisis.

Independientemente de las voluntades y de los sueflos, es evidente que el problema de la defensa no puede plantearlo el Gobierno en términos que prescindan de la realidad de un mundo dividido en bloques -por uno de los cuales el Gobierno ha optado-,y amenazado por el poder nuclear. La advertencia del Rey ha venido a coincidir con unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que ha cifrado en unos 10.000 millones de pesetas el coste anual de la reducción de efectivos norteamericanos en España. González reconoció que las negociaciones sobre la reducción de la presencia norteamericana y la relacionada con la participación en las estructuras operativas de la OTAN presentan espacios comunes y,son en la práctica unas negociaciones a tres bandas.

El confusionismo que presidió el debate sobre las modalidades de la integración española en la Alianza Atlántica, en el que fijeron más, determinantes las consideraciones de política interior que las propiamente relacionadas con la política internacional y de seguridad, está lastrando el debate actual, al cual sigue faltándole la trasparencia necesaria. Y sigue siendo imposible conocer exactamente de qué modo el Gobierno se dispone a cumplir los compromisos a los que se sometió en el momento del referéndum para permanecer o no en la Alianza Atlántica.