Un abogado denuncia la detención de una mujer para obligarla a cobrar parte de una indemnización

Dolores Fernández Romero, de 70 años, fue detenida el pasado 3 de noviembre por orden judicial y conducida al Juzgado de Distrito número 19 de Barcelona para obligarla a cobrar una parte de una indemnización que le correspondía por sentencia dictada en un caso de accidente de tráfico. El abogado Rafael Salinas Parra ha denunciado la supuesta irregularidad ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y asegura que esta actuación supone una transgresión del artículo 17 de la Constitución.

La denuncia presentada por Dolores Fernández Romero ante el CGPJ tiene su origen en un accidente acaecido el 20 de noviembre de 1985, cuando la mujer fue atropellada por un automóvil que efectuaba una maniobra de marcha atrás para ocupar un estacionamiento libre existente en la plaza de Sant Agustí el Vell, de Barcelona. La víctima sufrió lesiones que la dejaron incapacitada durante 45 días. También le quedaron secuelas.El 21 de mayo de 1986, el Juzgado de Distrito número 19 juzgó el caso y resolvió condenar al conductor y fijar en favor de la lesionada una indemnización de 135.000 pesetas por los días de impedimento y otras 200.000 por las secuelas. El fallo declaraba además la responsabilidad civil directa de la Compañía de Seguros Lepanto.

Pocos días después, la compañía de seguros depositó en el juzgado 105.000 pesetas como parte de la indemnización fijada por la sentencia, por considerar que ésta era la cantidad que legalmente estaba obligada a pagar, ya que, en su opinión, el resto de la indemnización fue establecido como consecuencia de un error procesal.

La mujer reclamó que se cumpliera la sentencia en todos los términos y que se requiriera a la compañía para que le pagara íntegramente las 335.000 pesetas fijadas en la resolución. La anciana asegura, sin embargo, que fue obligada por la fuerza a percibir una parte de la indemnización, incumpliéndose así la sentencia.

Pocos días después de dictada la sentencia, el juzgado requirió a la mujer para que compareciera a cobrar la cantidad depositada por la Compañía Lepanto, según se asegura en la denuncia presentada ante el CGPJ. El 16 de septiembre, continúa el escrito, y ante la negativa de la mujer a recibir sólo una parte de la indemnización, el juzgado le envió un nuevo escrito en el que se le advertía que "si no comparecía, sería acompañada por la fuerza pública por desobediencia a la autoridad judicial".

"La amenaza de conducirme por la fuerza pública al juzgado se consumó el día 3 de noviembre, ya que se personó en mi domicilio un agente de la Policía Municipal y me condujo al juzgado, en donde me dijeron que si no cobraba el cheque de 105.000 pesetas depositado por la compañía de seguros, lo ingresarían en el Banco de España y tardaría mucho tiempo en poder cobrarlo", explica la anciana en su denuncia.

Dolores Fernández Romero reclama al Consejo que obligue al juzgado a cumplir la totalidad de la sentencia, embargando los bienes de la compañía de seguros si es preciso, y que investigue la presunta detención de que fue objeto.