El Gobierno invertirá 187.000 millones en formación profesional y ayudas a la contratación

El Gobierno proyecta invertir el próximo año 187.256 millones en el reciclaje profesional de trabajadores y en subvenciones a la contratación. Se trata de una actividad de formación distinta a la enseñanza profesional reglada dependiente del Ministerio de Educación, y tiene como objetivo la lucha directa contra el paro, el principal mal de la economía, que afecta a casi tres millones de personas. La mitad de esta financiación ha sido solicitada al Fondo Social Europeo de la Comunidad Europea.

La formación profesional pasará así a convertirse en la principal actividad inversora del Estado, por encima de la construcción y renovación de carreteras. Para 1987, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y otras instituciones han programado cursos para 682.422 jóvenes o trabajadores en paro, al margen de proyectos de otros 12 programas para la concesión de subvenciones a la contratación de 246.529 personas.Esta faceta del Estado como gran maestro industrial está preferentemente dirigida a los menores de 25 años, para los que están destinados las dos terceras partes de los 130.564 millones que se dedicarán a formación. Sin embargo, no hay seguridad de que todos estos proyectos vayan a ser finalmente financiados, porque el Fondo Social Europeo (FSE) puede de aquí a marzo rechazar algunos. El precedente de 1986 indica que la CE concedió 48.293 millones de pesetas a España, un 40%. menos de lo solicitado. Este año el FSE sólo ha entregado la mitad (24.000 millones) como anticipo, y el resto será pagado en octubre de 1987, cuando se justifiquen los gastos de los proyectos.

La financiación comunitaria se da en base a las características de cada proyecto. Por eso, para 1987, las esperanzas son mucho mayores en base a la experiencia adquirida, según Aurora Domínguez, responsable de la Secretaría General de la Unidad Administradora del FSE, organismo que responde ante la Comunidad, en este caso el comisario español Manuel Marín, del "buen fin de las acciones y del reembolso del dinero no gastado". La cantidad de 97.205 millones solicitada a la CE, la mitad del total, guarda, por otra parte, relación con el casi 20% de beneficio de la política social comunitaria que corresponde a nuestro país por el porcentaje de su población activa. España tiene además un tratamiento privilegiado por parte del FSE. Más de la mitad de la geografía nacional (Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Ceuta y Melilla) está considerada como zona de actuación superprioritaria, que supone el máximo de ayudas con financiación comunitaria de hasta el 55% del total del proyecto, mientras que para el resto la calificación es de prioritaria.

Becas o salario

Los cursos de formación profesional beneficiarán a 419.028 menores de 25 años y a 210.264 personas que superen esa edad. Los jóvenes tendrán derecho, aparte de la enseñanza, a becas de 500 pesetas por cada día lectivo, mientras que los mayores de 25 años recibirán el 75% del salario mínimo, es decir, 30.105 pesetas al mes. La CE exige que las enseñanzas impartidas tengan un objetivo ocupacional, que estén vinculadas con las expectativas de empleo. Se trata de impedir la proliferación de "profesionales de la formación profesional". Generalmente, los cursos se agotan dentro del año natural en que se concede la ayuda, y nadie puede disfrutarla dos veces. Falta todavía experiencia para conocer el índice de fracaso de estos cursos. Las estadísticas comenzarán en 1987 a proporcionar datos sobre cuántas personas formadas conjuntamente por el Estado y por la CE han obtenido empleo gracias a las enseñanzas recibidas este año.

Los 269 programas del Inem han tenido preferencia a la hora de la selección y se elevan a 112.000 millones del total de 130.000 millones de pesetas programados en cursos para evitar duplicidad de ayudas y para reforzar la eficacia de los programas del Estado. El resto, hasta un total de 605, corresponde a autonomías, ayuntamientos, ministerios y otras instituciones. En total, todos estos organismos distintos al Ministerio de Trabajo invertirán 9.000 millones para sus proyectos específicos, aunque contarán con otra cantidad equivalente porporcionada por la Comunidad.

Los cursos de formación profesional son organizados por las instituciones españolas que cofinancian los proyectos, aunque existen conciertos con entidades colaboradoras. La universidad de Granada ya realizó este año varios programas. Para 1987 ha solicitado nueve proyectos, y a esta iniciativa se han sumado la Complutense, la Politécnica y la Autónoma de Madrid.

Para la solicitud de ayudas al FSE, el Inem ha tenido que hacer una selección previa. Un 20% de los proyectos previos, los menos justificados, se han quedado en el camino. Entre ellos, el propuesto por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para formación de prostitutas. El FSE, según los responsables del Inem, no entra en temas de asistencia social. El reciclaje profesional no puede plantearse para un grupo social concreto, y no existían probabilidades de financiación en base a la posible pretensión de perseguir para este caso el perfeccionamiento laboral.

Al margen de la formación de trabajadores para aumentar sus oportunidades de empleo, una parte de las ayudas van directamente destinadas a subvencionar las contrataciones.

La partida prevista es de 56.691 millones de pesetas en base a los 12 programas nacionales de promoción de empleo que han sido aprobados por la CE. El FSE sólo cofinancia contrataciones definitivas, aunque durante estos dos primeros años se ha concedido a España la excepción de beneficiarse para la contratación en practicas de titulados y los proyectos de interés social en que los empleos que tengan duren al menos seis meses. El plan de empleo rural para los jornaleros queda al margen del dinero comunitario.

En los empleos fijos de menores de 25 años, el beneficio para el empresario es la reducción del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Si se trata de personas con más de 45 años, a ese beneficio se le añade una subvención de 400.000 pesetas. Para los minusválidos, las reducciones de cuota van del 70% al 90%. del total, mientras que la bonificación puede ascender a 500.000 pesetas. Para las contrataciones fijas a través de iniciativas locales de empleo y la transformación en autónomos o en socios de cooperativas está prevista una ayuda de 500.000 pesetas.