Las concepciones anticapitalistas y el 'progreso' industrial

La marcha que siguieron en el curso de la historia los dos países en los que primero se desarrolló el capitalismo, Inglaterra y Francia, avalaban la interpretación de Marx que presentaba a la revolución democrático- burguesa como factor previo potenciador de ese desarrollo y como paso obligado en la marcha hacia el socialismo. La reforma agraria era una pieza importante dentro de esa revolución democráticoburguesa, al instaurar la plena vigencia de la propiedad burguesa de la tierra y al romper con el monopolio que sobre la propiedad de la misma ejercían la nobleza y las instituciones del antiguo régimen, sentando las bases para que el capitalismo pudiera prosperar en la agricultura.Sobre este esquema evolutivo se construyó una teoría de las etapas en la marcha de las sociedades en la historia, que aplicarían de forma dogmática la mayoría de las formaciones políticas de la izquierda, como instrumento interpretativo general. Pero el esquema ejemplificado por la gran revolución en la Francia de 1789 constituiría más bien la excepción que la regla. A partir de entonces abundarían en la historia los ejemplos de revoluciones burguesas que serían calificadas sistemáticamente de abortadas e inconclusas.

Pues mientras socialistas y comunistas empuñaban con ahínco la bandera de la revolución democrático-burguesa, la burguesía renunciaba cada vez más a ella prefiriendo que los cambios institucionales que exigía la expansión del capitalismo se produjeran paulatinamente arbitrados desde el propio aparato del Estado sin necesidad de poner en peligro su estabilidad a través de acciones tumultuosas y de excesivas veleidades democráticas, recibiendo de la izquierda los calificativos de, "burguesías débiles e inconsecuentes".

Aunque la burguesía industrial, y con mayor motivo la agraria, volvieron la espalda al tema de la reforma agraria, hasta hace poco aparecieron nuevos defensores de la misma que seguían presentándola como paso obligado hacia la modernización del campo y hacia el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo. Sin embargo, la agricultura española contribuyó eficazmente al desarrollo capitalista del país bajo el franquismo sin que la reforma agraria hubiese sido realizada (1). A la vez que esos sectores punta del capitalismo español que -según Carrillo, Tamames u otros políticos de la izquierda- estaban interesados en la reforma agraria han dado hasta el momento pocas señales de vida. La reforma agraria quedó así arrinconada en la trastienda de los antiguos programas, aflorando todo lo más al calor de los mítines electorales de Andalucía y Extremadura, para reintroducirse, por último, en la palestra política por la puerta falsa de las autonomías.

Desde la perspectiva actual cabe decir, en primer lugar, que cualquier intento de la Administración pública de incidir sobre la gestión agraria a partir de la idea de que hay fincas mal explotadas no carece de interés dado el abandono de aprovechamientos de más dudosa rentabilidad, aunque difícilmente pueda servir de base a cambios tan amplios y profundos en la propiedad de la tierra como los que tradicionalmente se incluyen bajo la denominación de reforma agraria: ésta presuponía un afán político directamente orientado a corregir en toda su globalidad la desigual distribución de la propiedad de la tierra mediante un reparto que afectaría tanto a fincas buenas y bien explotadas corno a aquellas que los propietarios abandonan por no poder o no querer sacar partido de ellas.

En segundo lugar, que en tales intentos debiera precisarse lo que se entiende por finca mal explotada y, sobre todo, si ese enjuiciamiento se practica desde una óptica empresarial o desde otra más global que tenga en cuenta la conservación de los recursos naturales y la estabilidad de los sistemas agrarios (desde esta perspectiva, la mala explotación no tiene por qué ceñirse a fincas de gran extensión: véase, por ejemplo, el caso de las guerras de pozos desatadas en Almería o La Mancha que hacen inviable el futuro de la agricultura irrigada.

Nuestra postura es que el enfoque a aplicar desde la Administración debe trascender el meramente empresarial, para velar por la estabilidad de los sistemas agrarios y su adecuación a los recursos disponibles. Y por último, que la idea de finca mal explotada debe dar lugar a aquella otra de finca mejorable que, con independencia del enfoque adoptado, haga operativa la actuación de la Administración, orientada a, paliar la antigua contradicción entre hombres sin tierra y tierra sin hombres sin plantear de cara y por sí misma una redistribución de la propiedad agraria.

La calificación de una finca como mejorable es un criterio muy resbaladizo, tanto porque la Administración carece de informaciones a escala de proyecto con los que enmendar la plana de los agricultores como porque la explotación de una finca puede modificarse dando al traste con tal calificación.

La experiencia demuestra que la selección de "fincas mejorables" por parte de la Administración es una labor lenta, onerosa y necesariamente limitada en el territorio, que comporta además dosis de arbitrariedad que posibilitan que cada finca pueda dar lugar a un pleito. Aparte de que este procedimiento no asegura que haya candidatos que puedan llevar a buen fin la mejora de las fincas "mal explotadas". Nuestra postura a este respecto es clara.

Interesados en la reforma

A efectos prácticos, una finca será mejorable cuando haya alguien que se comprometa a mejorarla. Si se quiere emprender una actuación de envergadura, la selección de "fincas mejorables" debe realizarse, sobre todo, por los interesados en mejorarlas, es decir, que la selección no debe realizarse sólo de oficio por procedimientos burocráticos, lentos y costosos, sino también "a instancias de las partes interesadas", entre las que contarían, por orden de prioridad, los propietarios, cooperativas de trabajadores locales ... o cualesquiera otras personas físicas y jurídicas. Para ello no haría falta emplear un término tan grandilocuente como el de reforma agraria.

Bastaría con preparar una serie de acciones concertadas en las que la Administración ofreciera las ayudas financieras necesarias para la mejora de fincas correspondientes a determinados aprovechamientos, zonas o sistemas agrarios, en las que los interesados (propietarios o, en su defecto, trabajadores locales, etcétera) se inscribieran presentando los correspondientes proyectos de mejora a estudiar y, en su caso, a aprobar por la Administración. Sólo así podría romperse el estrangulamiento que produciría una selección de oficio, y a espaldas de los propietarios, para dar cabida a un proceso más amplio y transparente en el que la selección de fincas mejorables resulte de la participación de quienes mejor conocen sus posibilidades de mejora.

Pues si hoy se han disipado la coherencia lógica y el apoyo político que en otro tiempo respaldaron la reforma agraria de corte tradicional, es preferible reconocerlo y plantear otros proyectos más o menos radicales de reforma, pero ajustados a la presente situación, a seguir levantando falsas expectativas con proyectos de reformas agrarias que pudiéramos calificar de vergonzantes.

En conclusión, consideramos que a lo que debe irse es a una acción concertada con los sectores implicados, dotando de medios financieros adecuados a las rentas de la tierra en estas áreas, o de lo contrario esta nueva legislación no servirá más que para dar trabajo a burócratas y picapleitos y seguirán sin hacerse las mejoras pertinentes en las fincas. Expropiar simbólicamente varias fincas a los cinco años de Gobierno y sacar adelante unas leyes que se incumplen en sus aspectos más importantes es algo que no debe venderse como reforma agraria. Si de verdad se hubiera querido hacer una reforma agraria sólo había que haber llevado al Parlamento una ley con perspectiva y techo suficientes y aprobarla.