Divergencias de los 'doce' al interpretar el Acta Unica

El Acta Unica, la primera reforma del Tratado de Roma de 1957, que dio lugar a la Comunidad Europea (CE), no entrará probablemente en vigor el 1 de enero como estaba previsto, pero el retraso en su aplicación no excederá posiblemente de un mes. Antes incluso de su puesta en práctica han surgido las primeras interpretaciones divergentes sobre su contenido entre aquellos que opinan -como el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Bernard Raimond- que la reforma no impide seguir recurriendo al derecho de veto y otros, como su homólogo belga, Leo Tindemans, que lo consideran caduco. Bélgica presidirá la CE durante el primer semestre de 1987.

Todos los órganos legislativos de, los Estados miembros -el Congreso español lo hizo en octubre- han aprobado el acuerdo alcanzado en la cumbre europea de Luxemburgo a principios de diciembre de 1986, y tenían previsto depositar en Roma los instrumentos de la ratificación antes de que finalice el año con la única excepción de Grecia.En contra de lo previsto, el Parlamento de Atenas no sólo no se reunió en sesión extraordinaria el pasado 21 de diciembre, sino que, a causa del grupo comunista, desistió de votar la ratificación entre Navidad y Nochevieja y sólo lo hará, probablemente, en la segunda o, tercera semana de enero, lo que permitirá que el Acta entre en vigor el 1 de febrero.

Al margen de Dinamarca, que aprobó en febrero por referéndum el texto, la ratificación ha planteado dificultades en tres países -Irlanda, República Federal de Alemania y Francia y los debates parlamentarios que allí se desarrollaron pueden a más largo plazo entorpecer el funcionamiento de la reforma.

En Dublín, el principal partido de oposición, el Fianna Fail, hizo especial hincapié en que la institucionalización de la cooperación entre los doce en materia de política exterior que figura en el Acta única no debía comprometer la neutralidad de Irlanda, el único Estado de la CE que no pertenece a la OTAN.

En Bonn, el Bundesrat, la Cámara alta en la que están representados los diferentes Estados, sólo aceptó aprobarlo el 19 de diciembre, cuando el Gobierno federal se comprometió a consultarle más estrechamente sus decisiones sobre asuntos europeos. Los Ejecutivos regionales, y especialmente el de Baviera, encabezado por Franz-Josef Strauss, temían ser desposeídos de parte de sus prerrogativas en materia de educación y medio ambiente.

En París, la vieja guardia gaullista estimó que el texto suponía un abandono de soberanía al renunciar a la norma de la unanimidad, y Raimond tuvo que hablar ante la Asamblea Nacional para explicar que no implicaba ninguna "transferencia de soberanía" porque "seguía siendo válido el compromiso de Luxemburgo", una regla no escrita que desde 1966 autoriza a un Estado a bloquear una decisión invocando sus "intereses vitales".

En Madrid, la diputada Isabel Ugalde, en nombre de Coalición Popular, hizo hincapié en que la supresión del derecho de veto no era buena para España, aunque al final votó a favor del Acta como la casi totalidad de los parlamentarios españoles.