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El Gobierno valenciano autoriza a tres clínicas privadas a practicar abortos

La Generalitat valenciana ha autorizado ya a tres centros privados para practicar abortos legales. Ese Gobierno autónomo, el primero que ha concedido acreditaciones de este tipo de todos los Ejecutivos regionales que tienen competencias sanitarias, va a aplicar con la mayor flexibilidad posible el reciente decreto del Gobierno sobre las condiciones necesarioas para practicar interrupciones del embarazo. Así lo aseguró el viernes Joaquín Colomer, conseller de Sanidad y Consumo. Por otra parte, el fiscal de Alava ha pedido que se archive la demanda contra los responsables de uno de los primeros abortos legales realizados allí.

El primer aborto practicado merced a la reglamentación aprobada el mes pasado se realizó el lunes en la clínica Acuario de Valencia, recién legalizada. Las otras dos clínicas autorizadas son el Centro Médico Valenciano, y Mediterránea Médica. Diferentes responsables de las instituciones autonómicas del País Vasco, Aragón y Cataluña se han puesto en contacto con el Gobierno valenciano para conocer los trámites que está llevando a cabo para aplicar la nueva normativa.Colomer señaló que estas acreditaciones han sido enviadas a los fiscales y al presidente de la Audiencia Territorial de Valencia. "Es una manera de dejar claro que el control sobre esos centros lo va a ejercer la propia Consejería de Sanidad", indicó. Por su parte, Gonzalo Lázaro, director de Planificación Familiar de la Consejería, afirmó que ninguna mujer valenciana tendrá problemas para que se le practique un aborto. "Para ello, lo primero que debe hacer cualquier interesada es acudir a los responsables sanitarios. Las soluciones dependerán del caso concreto del que se trate", dijo.

Uno de los supuestos considerados como causa de aborto es el de riesgo físico o psíquico para la madre. "Este supuesto puede ser aplicable a numerosas mujeres", señaló Gonzalo Lázaro. Para justificarlo se remite a una resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se establece que el riesgo social puede incluirse en este caso legal de interrupción del embarazo.

La consejería perfila actualmente el sistema de control que va a ejercer sobre los futuros centros privados. No obstante, está confirmado que realizará inspecciones semestrales y otras, de carácter extraordinario, que considere oportunas. Igualmente, los responsables de estas clínicas le tendrán que remitir el historial de la intervención durante los cinco días posteriores a la realización del aborto.

Hitler

El obispo de Salamanca, Mauro Rubio, ha relacionado la actitud del Estado sobre el aborto con el nazismo de Hitler en una pastoral difundida el sábado, informa María del Mar Rosell. El obispo dice textualmente: "Negamos una vez más la potestad del Estado para disponer de la vida de seres humanos inocentes. Siempre, incluso cuando está respaldado por una mayoría de ciudadanos e le atribuyen esa potestad. Esta es la postura inamovible de la Iglesia. Hagamos memoria del nacionalismo alemán en tiempos de Hitler y de la historia de todos los totalitarismos".Mauro Rubio acusa a los medios de comunicación y también a las autoridades de favorecer la burla de la ley mediante el decreto aprobado por el Gobierno, que, según él, "no deja prácticamente ninguna esperanza razonable de que la ley va a ser respetada" y explícitamente por las referencias a los indultos. "Enseñar al súbdito que la ley puede ser menospreciada y eludida y aún mostrar los caminos por los que eso puede y va a hacerse, es minar las bases mismas de un Estado de derecho y en consecuencia, la convivencia ciudadana", añade.

Demanda archivada

El fiscal de la Audiencia Provincial de Vitoria ha pedido que se archive la denuncia presentada por la Asociación Alavesa en Defensa de la Vida (Asaldevi) contra los responsables del primer aborto terapéutico realizado en Álava, informa José M. Vitoria.El aborto fue practicado en septiembre de 1985 en la residencia sanitaria de la Seguridad Social de Vitoria a una joven heroinómana vizcaína que se encontraba en la décima semana de gestación. Previamente, una comisión de evaluación había apreciado que las condiciones de la paciente se ajustaban a los supuestos establecidos por la legislación sobre interrupción del embarazo. Un juzgado de Vitoria instruyó un sumario por existir presuntos indicios de delito.

El juez había remitido el sumario a la Audiencia sin dictar auto de procesamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de diciembre de 1986

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