Reagan acepta que se nombre un fiscal especial para investigar la venta de armas a Irán

Ronald Reagan, desafiante y combativo ante el escándalo que envuelve su presidencia -"no creo que fuera un error, y no me voy a esconder en un agujero", declaró-, aceptó ayer la posibilidad del nombramiento de un fiscal especial, similar al que actuó en el caso Watergate. El presidente norteamericano, a quien amigos y enemigos ruegan que haga algo decisivo para recobrar la iniciativa, dijo: "Si el Ministerio de Justicia lo cree conveniente, aceptaría la designación de un fiscal especial". El secretario de Defensa, Caspar Weinherger, voló ayer a Europa, y será el primer alto cargo estadounidense en explicar a los aliados lo sucedido e intentar recomponer la credibilidad de la política exterior de EE UU.

La Casa Blanca, bajo estado de sitio, pudo darse cuenta ayer, tras el fin de semana del Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), que su estrategia de silencio, de negarlo todo culpando sólo a Oliver North y a John Poindexter, no ha hecho más que empeorar las cosas. La presión del Congreso es muy fuerte para que el presidente convoque en sesión extraordinaria al Parlamento, que no se constituirá de nuevo hasta enero, y se nombre un comité especial conjunto de las dos Cámaras que realice la investigación sobre el escándalo iraní. "Estamos discutiendo esta posibilidad, pero aún no hemos decidido nada", declaró ayer el presidente, que aseguró: "Quiero que todos los datos salgan a la luz. Vamos a ir hasta el final de todo esto". Se trataría de recrear el sistema de investigación parlamentaria que se utilizó en el Watergate y que acabó con la presidencia de Richard Nixon.La postura del avestruz

A pesar de estas promesas, la Casa Blanca parece escoger la postura del avestruz y el jefe del gabinete presidencial, Ronald Regan, cuya caída es pedida unánimemente por republicanos y demócratas, aconseja al presidente que aguante la tormenta y contraataque culpando a la Prensa de lo sucedido. Las. declaraciones de Reagan a la revista Time, desafiando al Congreso y defendiendo la idea de que este escándalo es sólo un producto de la Prensa y del juego político de Washington causó ayer estupor en la capital federal.

"Uno de nuestros problemas es que la sensación que tiene el presidente de que la Prensa es culpable de nuestros problemas está siendo reforzada por su círculo de asesores íntimos", asegura un miembro de la Administración. Reagan se opone, al parecer, al nombramiento de un fiscal especial, pero su posición puede que ya no sea mayoritaria. Funcionarios del más alto nivel expresan su frustración por cómo se ha reaccionado a la crisis y califican de fracaso la estrategia de silencio seguida desde que el pasado martes fue anunciado el desvío de dinero procedente de la venta de armas a Irán.

El FBI, preocupado por cómo se está llevando la investigación por parte del Gobierno y por la posibilidad de que North y Poindexter hayan podido destruir pruebas importantes, cree que el presidente debe nombrar inmediatamente un fiscal especial. El FBI revisó durante el fin de semana documentos en el Departamento de Estado relacionados con la venta de armas a Jomeini. El diario Los Angeles Times asegura que el ministro de Justicia, Edwin Meese, ha decidido ya solicitar el nombramiento de un fiscal independiente.

Hay suficientes indicios de conflicto de intereses como para que Meese continúe dirigiendo él solo la investigación, admiten altos cargos de la Administración. Meese fue quien ofreció a Reagan el asesoramiento legal para la venta de armas a Irán.

Reagan dio ayer la orden de partida a la comisión que revisará la actuación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), cuyas operaciones encubiertas han sido paralizadas por el presidente hasta nueva orden. El NSC, convertido en una miniCIA que ejecutaba la política exterior sin contar con los Ministerios de Exteriores o Defensa y cortocircuitando al Congreso, es el foco del escándalo. Los tres miembros de la comisión presidencial (el ex senador John Tower, el ex consejero de Seguridad Nacional de Gerald Ford, Brent Scowcroft, y el ex secretario de Estado de Carter, Edmund Muskie) advirtieron que no se trata de una investigación sobre la culpabilidad de individuos determinados, sino de investigar los hechos y la forma de operar del NSC.