La justicia necesita un aumento del 20% anual en pesetas constantes

Antonio Hernández Gil, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacó ayer "la independencia" de los jueces españoles, tras entregar al titular del Congreso de los Diputados, Félix Pons, la Memoria del Poder Judicial, cerrada al 30 de junio de 1986. La Memoria destaca que la justicia necesita, hasta 1990, un incremento acumulativo anual del 20% en pesetas constantes sobre el presupuesto de 1986 (54.000 millones), que significaría 112.000 millones para 1990.

Los cálculos realizados por el CGPJ parten de que los créditos para gastos de justicia en los Presupuestos Generales del Estado fueron para 1985 de 54.791 millones de peseta y descendieron para el año actual a 53.682 millones de pesetas. Ante la carencia de dotaciones económicas adecuadas en las consignaciones presupuestarias "que han antepuesto otros intereses del Estado al de la justicia", el órgano de gobierno del poder judicial se refiere a los mínimos indispensables "para conjurar la situación" en que se encuentra la justicia.Entre los objetivos presupuestarios mínimos para el período 1986-1990, el Consejo estima "requisito indispensable para un funcionamiento mínimamente normal del servicio público de la justicia, el establecimiento de un incremento anual acumulativo de un 20% en pesetas constantes". Ello quiere decir que partiendo de los 53.682 millones de pesetas presupuestados para 1986, sería preciso que para 1987 fueran 64.418 millones, y con un aumento anual del 20% se llegaría en 1990 a 111.312 millones de pesetas, siempre en pesetas actuales.

La introducción de la Memoria proclama que los miembros del CGPJ constituído el 23 de octubre de 1985 actuan y adoptan decisiones "con independencia y libertad de criterio", sin influencias de otros poderes del Estado. Resalta asimismo la unanimidad alcanzada en "ocasiones muy señaladas" y que "las diferencias de pareceres, perfectamente legítimas ( ... ), nunca han obedecido a motivo alguno ajeno al modo de pensar de cada uno".

Entre otros defectos del funcionamiento de la justicia, el Consejo destaca que la Administración persiste "en dictar resoluciones contrarias a criterios jurisprudenciales claramente establecidos", así como que el acatamiento y cumplimiento de los judicialmente resuelto "se da rara vez". La Memoria afirma que existen prácticas calificables de "verdaderas corrupciones" y que el juez se ve en ocasiones sobrecargado de actividades burocráticas en "locales inaptos, impropios y hasta indignos para el ejercicio en ellos de la función judicial".

En la presentación de la Memoria al Parlamento, Hernández Gil enfatizó sobre "la sacrificada misión" de los jueces. Él documento será estudiado por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, ante la que comparecerá Hernández Gil probablemente en febrero de 1987.