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El Congreso norteamericano acusa a Reagan de violar la ley por la venta de armas a Irán

Francisco G. Basterra

La tormenta política desatada en Estados Unidos por la venta de armas a Irán no remite. El Congreso afirma que el presidente ha violado la ley al no informarle de la operación encubierta, y pide cambios en la ejecución de la política exterior y la admisión por parte de Ronald Reagan de que ha cometido un error. Los altos cargos de la Administración se culpan unos a otros de lo sucedido y se desatan los rumores sobre dimisiones.

Mientras tanto, el presidente pasa el fin de semana en el refugio de Camp David, después de asumir toda la responsabilidad por los hechos, pero sin admitir culpa alguna por el mayor paso en falso de política exterior desde que llegó a la Casa Blanca.La primera jornada de investigación parlamentaria sobre el embrollo iraní, que continuará el lunes, ha servido para aumentar el furor del Congreso contra la presidencia. No fueron 1.000 como se dijo en un principio, sino 2.008 los cohetes anticarro Tow enviados por EE UU al régimen islámico de Jomeini. A estos misiles se unen otros tierra-aire Hawk y repuestos para radar que no aguantan la calificación de material puramente defensivo del que habla el presidente.

El senador Sam Nunn, nuevo presidente de la comisión de servicios armados del Senado, afirma que pueden tener un efecto cualitativo importante a favor de Irán en su guerra con Irak. En total, Irán pagó por el suministro de armas norteamericanas 12 millones de dólares (unos 1.620 millones de Pesetas) depositados en un banco suizo.

El director de la CIA, William Casey, designado por la Casa Blanca para enfrentarse al Congreso y ofrecer explicaciones, en un intento de cubrir al verdadero responsable de la operación, el Consejo de Seguridad Nacional admitió que, además de Israel, hay otros países implicados en la venta de armas a Teherán. Estos suministros, en los que con seguridad han participado Portugal y Francia, se hacían con la luz verde de Washington, que, oficialmente, mantenía la política de no vender armas a países que apoyaran el terrorismo y su neutralidad en la guerra del Golfo.

El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de representantes, Jim Wright, y otros legisladores, afirmaron tras la sesión con Casey que Reagan violó la ley de seguridad nacional, que le obliga a informar al Congreso, "de una forma oportuna", de cualquier operación encubierta. La fórmula es demasiado ambigua, pero en ningún modo, entiende el Congreso, puede justificar el retraso de 11 meses en dar cuenta de la operación, ni siquiera por lo delicado del tema y por la seguridad de las personas implicadas, motivos que utiliza la Casa Blanca. "Hay que decirle al presidente que no puede cumplir con la ley de una forma marcial", afirma Wright.

Reagan, que el pasado 17 de enero firmó una orden secreta autorizando la operación iraní, con el teórico objetivo de establecer contactos con elementos moderados en Teherán, ordenó por escrito a Casey que no revelara al Congreso este cambio de política.

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