El Gobierno recurrirá contra el auto sobre incompatibilidades médicas
La Administración recurrirá contra el auto de la Audiencia Territorial de Madrid por el que se suspende el acto administrativo de ceses de 95 médicos de Madrid a los que se les había aplicado la ley de incompatibilidades por no optar por alguno de sus puestos incompatibles. El auto no había sido todavía notificado ayer a la Administración.
"Cuando tengamos conocimiento directo y oficial de auto decidiremos entonces la forma en la que vamos a presentar el recurso", señalaron fuentes oficiales. La decisión del magistrado de la Audiencia Territorial ha sido interpretada por los médicos a quienes afecta -la mayoría pertenece al sindicato minoritario Fesime, de carácter conservador y muy unido al Colegio de Médicos de Madrid- como un triunfo del artículo 33 de la Constitución, que reconoce que a nadie se puede privar de un bien sin una justa retribución.Esperan también estos médicos, que se negaron en su día a optar por alguno de sus puestos incompatibles de trabajo, que todos sus colegas salgan beneficiados ahora con el auto de la Audiencia Territorial de Madrid, según Carlos Pérez de Oteyza, presidente de Fesime.
El auto de la Audiencia Territorial de Madrid no parece haber preocupado mucho a la Administración, que espera acreditar con datos objetivos y subjetivos "los graves perjuicios que se causaría al interés público en el supuesto de que se confirmara el auto".
Este argumento esgrimido por la Administración ha sido tenido en cuenta hasta ahora por los tribunales en casi todos los procedimientos que se han seguido por razones de las incompatibilidades planteados al amparo de la ley de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona. Hay incluso una sentencia del Supremo. que dice que la ley de incompatibilidades no vulnera los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, por lo que el cese por incompatibilidades no supone expropiación.
De momento, y mientras no se presente y se admita el recurso, la Administración tendrá que paralizar los ceses producidos por la aplicación del real decreto de desarrollo de la ley de incompatibilidades a los médicos.
Sobre la ley de incompatibilidades existe un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular, a propuesta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en la anterior legislatura. En medios políticos y médicos se cree que el Tribunal Constitucional no se pronunciará antes de fin de año.
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