España se opone a admitir un techo uniforme para las subvenciones a la construcción naval

Los titulares de Industria de la Comunidad Europea(CE) concluyeron su reunión a primera hora de la tarde de ayer sin conseguir un compromiso sobre la necesidad de fijar, como propone la Comisión Europea, un techo uniforme para las subvenciones a la construcción naval, que no deberá superar el 26% del precio de venta del navío botado. Este porcentaje ha sido establecido calculando la diferencia de competitividad entre los astilleros de Extremo Oriente, que representan ahora el 36% de la producción mundial, y los de la CE, que tan sólo alcanzan un 14,2%.

Frente a esta postura del ejecutivo europeo, respaldada por Dinamarca, Holanda y la República Federal de Alemania (RFA), tres países meridionales, entre los que destaca España, hacen hincapié en que el porcentaje máximo de ayudas autorizadas por la Comisión Europea no puede ser homogéneo. Estos países argumentan que si para los barcos pequeños, que no superan las 5.000 toneladas de registro bruto, podría acaso bastar con un 26%, esta cifra sería insuficiente para los grandes, mucho menos competitivos con respecto a los buques construidos en Japón o Corea del Sur.Por este motivo, la delegación española, encabezada por el ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, pidió que se diferencien los niveles de subvención permitidos en función del barco proyectado. Los representantes españoles no precisaron el porcentaje de ayuda a la construcción de, por ejemplo, graneleros y petroleros, aunque la Comisión reconoce que la diferencia de competitividad con Extremo Oriente en ese tipo de buques es del 38%.

Período transitorio

La batalla librada por la delegación española es a largo plazo, porque en su anterior reunión de octubre los titulares de Industria se mostraron dispuestos a conceder a España un período transitorio de tres años, en lugar de los cuatro solicitados por Madrid, para proseguir la reestructuración del sector sin someterse a la reglamentación comunitaria.

Aunque no se apruebe antes de finales de año la nueva directiva sobre ayudas a la construcción naval -un Consejo de Ministros extraordinado ha sido convocado para el 22 de diciembre- no se prorrogará, sin embargo, la actual y claramente desfavorable a España.

La aplicación de esta directiva a España a partir de enero le hubiese obligado a solicitar autorizaciones puntuales de Bruselas para cada una de las subvenciones que tuviese la intención de conceder a sus astilleros. La presidencia británica de la CE dio a entender que, si persiste el desacuerdo, se adoptaría a principios de 1987 un régimen transitorio inspirado en la directiva actualmente en preparación.

Por otra parte, en la sesión de la mañana, los ministros de Industria acordaron suprimir a partir de enero el régimen de cuotas a la producción para las chapas galvanizadas.