La CE acerca sus posiciones sobre la liberalización de la aviación civil

La presidencia británica de la Comunidad Europea (CE) logró acercar las posturas sobre su proyecto de tímida liberalización del mercado de la aviación civil en Europa, pero no lo suficiente como para permitir un acuerdo entre los ministros de Transporte de los doce, reunidos ayer y hoy en la capital belga.Para forzar la aceptación de su propuesta por sus socios, el titular británico de la cartera de Transportes, John Moore, abrió el Consejo de Ministros reiteran do su amenaza de, si fracasara la reunión, denunciar a las compañías aéreas de bandera ante el Tribunal de Justicia europeo por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre la libre competencia. "Esto", añadió, "provocaría el caos".

Al margen de este procedimiento a largo plazo, el Reino Unido podrá -en cuanto entre en vigor, el año próximo, el Acta Única- intentar de nuevo imponer sus tesis, pero esta vez bastará con una aprobación mayoritaria, mientras que ahora se requiere la unanimidad.

Actualmente, las líneas aéreas nacionales del Viejo Continente se reparten la oferta de asientos en sus vuelos europeos y pactan también las tarifas aplicadas antes de compartir los ingresos. Estos acuerdos infringen el artículo 89 del Tratado de Roma, según opinan la Comisión Europea y los países -Reino Unido, Holanda e Irlanda- partidarios de la liberalización.

Flexibilidad de posturas

A causa, acaso, de las amenazas británicas o del temor de que le sea impuesta por mayoría una decisión en 1987, lo cierto es que Madrid, cuya delegación encabeza el ministro Abel Caballero, ha flexibilizado algo su rechazo total a la liberalización, que pretende poner a Iberia a salvo del dinamismo de las compañías extranjeras. Junto con España, Grecia y Dinamarca forman parte del clan de los conservadores.

"Hacemos un esfuerzo para satisfacer las legítimas demandas de los usuarios", afirmó Caballero, antes de recordar que sólo el tráfico charter de los aeropuertos de Málaga, Palma y Las Palmas supera en un 150% al regular de toda España, y está totalmente liberalizado o en manos extranjeras.

El consenso que emerge consiste en permitir un reparto ligeramente desigual de la capacidad en líneas europeas: 45%-55% de la capacidad de las líneas europeas, que será aumentado al 60%-40% en dos años. En cuanto al precio de los billetes, los nuevos descuentos oscilarían entre el 10% y el 35% y el 35% y el 55% de la actual tarifa económica, pero las delegaciones discrepan sobre los requisitos para concederlos.

La apertura del acceso al mercado -la posibilidad de enlazar aeródromos regionales o estos últimos con aeropuertos de primera categoría- sigue también suscitando divergencias.