La Organización Médica pide quirófanos en todos los centros donde se hagan abortos

El dictamen de la comisión permanente de la Organización Médica Colegial (OMC) en torno al texto del real decreto sobre la práctica del aborto en centros o establecimientos sanitarios pide a la Administración que se "arbitren unas formas de colaboración y participación de los colegios profesionales en el seguimiento de la práctica del aborto", y señala que "todos los centros que realicen abortos deberán contar con quirófano".

El aspecto en el que se muestra más crítica la Organización Médica Colegial, se refiere a la distinción que se hace en el decreto entre los requisitos técnicos y humanos que han de reunir los centros, según se realicen abortos simples o de alto riesgo para la salud de la embarazada. Los centros que realicen abortos que no sean de alto riesgo sólo podrán realizar esta intervención antes de las doce semanas de embarazo y con una técnica que no precisa anestesia ni internamiento, por lo que no es indispensable que cuenten con quirófano.La Organización Médica Colegial señala que, con esta distinción, "se introduce un concepto nuevo, no previsto en la ley. Esta distinción no es en absoluto válida al no poder serlo la propia evaluación del riesgo. Toda intervención quirúrgica implica siempre riesgo; por ello, no podrá realizarse ésta sin la disponibilidad inmediata de absolutamente todos los medios mínimos de atención. Deberá contarse siempre con una unidad quirúrgica y de anestesia y reanimación en el propio lugar que se practique el aborto. Caso de no cumplirse estos requisitos, podría suponer una violación a la propia ley".

Con respecto a la objeción de conciencia, la cúpula de la OMC opina que "aunque el derecho a la objeción de conciencia, como manifestación de la libertad ideológica, es aplicable directamente, convendría una referencia al mismo en el futuro reglamento".

Larga reunión

La reunión de la comisión permanente de la Organización Médica Colegial, convocada para adoptar una postura oficial con respecto al decreto que será próximamente aprobado en el Consejo de Ministros sobre la práctica del aborto, se alargó mucho más de lo previsto, y hasta media tarde no estuvo concluida la redacción final del documento. Esto impidió que Julián García Vargas, ministro de Sanidad, conociera la postura de la OMC ayer mismo, fecha en la que concluía el plazo de diez días que tenía esa organización para manifestar su postura.El texto considera asimismo que las comisiones de evaluación, que desaparecen con el nuevo decreto, pueden constituir un auténtico medio para salvaguardar el cumplimiento de la ley orgánica de despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo; y añade: "Sería oportuno arbitrar unas formas de colaboración y participación de los colegios profesionales en el seguimiento de la práctica del aborto. Pero, no obstante, la ley de Colegios Profesionales concibe a los mismos, en algunos casos, como auténticos administradores públicos en ejercicio de las funciones que les son propias, como así se ha establecido incluso por el Tribunal Constitucional".

La OMC manifiesta también que "propugna la creación de una comisión de seguimiento de los consejos autonómicos de médicos o, en su caso, agrupaciones territoriales de médicos, en colaboración con las administraciones públicas sanitarias".