Un proyecto conservador, derrochador y continuista

He aquí algunas razones de tal posición crítica.Primera. A lo largo de todos los Presupuestos el Gobierno se reserva la posibilidad de realizar toda clase de transferencias entre secciones y otras modificaciones presupuestarias, lo que representa una absoluta discrecionalidad. De hecho, el Presupuesto se concibe así como un gran cheque en blanco con el cual trastocar los compromisos de gasto público inicialmente aprobados por la representación soberana del Parlamentó.

Segunda. El Presupuesto es marcadamente regresivo, como lo demuestra que la proporción de impuestos indirectos supera ampliamente los impuestos directos. Ello repercute en una mayor carga tributaria para los contribuyentes que perciben rentas menores, debido fundamentalmente al peso del IVA y de las tasas fiscales, así como de otros elementos de la imposición indirecta.

Tercera. Las modificaciones en la metodología de preparación de los Presupuestos hace técnicamente imposible las comparaciones interanuales, con lo cual el Gobierno oscurece todo el planteamiento y desarrollo de su política económica, cada vez más derechizada.

Cuarta. Los gastos fiscales (exoneraciones de impuestos, bonificaciones fiscales, etcétera) que figuran dentro del presente Presupuesto suponen una disminución en la recaudación extremadamente importante -en torno a 700.000 millones de pesetas-, no siempre justificada por razones de política económica progresiva. Sin pretender la desaparición de tales beneficios para determinados contribuyentes, sí es necesaria una mayor racionalización en su aplicación para evitar la existencia de bolsas de privilegios, que no son aceptables bajo ningún criterio de justicia fiscal.

Quinta. El Presupuesto no presenta caracteres, favorables a la expansión económica, en gran parte debido a la insuficiencia de recursos por las inraensas bolsas defraude, cuyo volumen cabe cifrar en cantidad no inferior a la total recaudada por la aplicación del IRPF (en torno a 1,3 billones de pesetas).

Sexta. El tope que en los Presupuestos Generales del Estado se establece para las retribuciones de los funcionarios públicos y para las pensiones -un 5% respecto al año anterior- resulta absolutamente insuficiente a la vista de la tendencia del proceso inflacionista (1986 terminará seguramente en el 8,5% o el 9%) y cuyas expectativas para 1987 se han cifrado en el 5%, a todas luces con un claro voluntarismo. Mantener ese castigo a funcionarios y pensionistas (en torno a 6,5 millones de personas) es empobrecerlos desde arriba, debilitar la demanda global y frenar la recuperación económica.

Presión fiscal mayor

Séptima. La actual tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas representa, desde luego, un impacto muy fuerte para ciertos perceptores de renta por el llamado efecto de "progresividad en frío", derivado del proceso inflacionista. En otras palabras, son muchos los contribuyentes que sin aumentar su capacidad real de gasto están entrando en intervalos de una presión fiscal cada vez mayor. Para impedir tales efectos es necesaria una revisión de la tarifa. Ello es acuciante, pues datos oficiales y oficiosos vienen a revelarnos claramente que los trabajadores están contribuyendo más por IRPF que los empresarios y los profesionales, en contradicción flagrante con el propósito progresivo del impuesto sobre la renta.

Octava. La falta de una adecuada conexión entre los gastos de la Administración General del Estado y la transferencia de servicios a las comunidades autónomas está generando un derroche de gran envergadura por solapamiento de las distintas administraciones en los mismos servicios. Aparte, están los excesos burocráticos, entreverados por doquier con el poder del Gobierno y su partido, el PSOE.

Novena. La financiación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y la articulación del fondo de compensación interterritorial plantean exigencias que no están recogidas en los presupuestos, enviados por el Gobierno a las Cortes Generales, en los que persiste una clara tentación centralista en los dos primeros casos, así como un planteamiento poco solidario en el tercero.

Décima. Las inversiones reales resultan irrisorias en comparación con el volumen total de los Presupuestos Generales, con lo cual se frena la posibilidad de impulsar el desarrollo económico del país. Para hacer posible un mayor esfuerzo de inversiones públicas, para mejorar los equipamientos sociales, para avanzar en las áreas de la ciencia e investigación y para combatir una situación de tres millones de parados y un empobrecimiento cada vez mayor de gran parte de la población española es preciso disminuir los gastos dedicados al Ministerio de Defensa; así como la aplicación de parte del ahorro petrolero y del mayor ingreso por IVA a un fondo de inversiones para la creación de empleo.

En definitiva, el Presupuesto enviado por el Gobierno a las Cortes amenaza seriamente la soberanía fiscal de¡ Parlamento, es marcadamente regresivo, no es transparente en cuanto a la política económica que lleva implícito, contiene gastos fiscales en muchos casos no debidamente justificados, persiste en las bolsas de fraude, castiga a los funcionarios y a los pensionistas al empobrecimiento, aumenta la presión fiscal para los trabajadores, perpetúa derroches de gran alcance y continúa con toda una serie de ribetes centralistas en su relación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y sitúa la inversión a niveles mínimos, absolutamente incompatibles con cualquier proyecto de relanzamiento económico.