Las mujeres que abortaron en Salamanca, dispuestas a comparecer ante el juez

Numerosas mujeres de las 3.000 que abortaron en el centro médico Canalejas, de Salamanca, están dispuestas a presentarse ante el juez, según declaró José Nieto, médico procesado por su trabajo en ese centro, al término de una mesa redonda organizada por el movimiento feminista de Madrid.

Junto a José Nieto compareció uno de los procesados en el centro Los Naranjos, de Sevilla, José Ángel Lozaya, educador sexual, que lleva seis años pendiente de juicio. Tras ellos intervinieron la abogada Cristina Almeida, representantes del Comité de Planificación Familiar, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y del movimiento feminista, que ofrecieron un resumen de la situación del aborto en estos momentos y se mostraron contrarios a que las interrupciones de embarazo se desvíen hacia clínicas privadas. Tanto para Consuelo Ruiz Jarabo, secretaria de la FADSP, como para Marisa Castro, presidenta del Comité de Planificación Familiar de Madrid, el aborto es una prestación de la que debe hacerse cargo la sanidad pública, para evitar discriminaciones económicas.Cristina Almeida dijo en su intervención que "el único aborto que debe figurar en el Código Penal es aquel que se hace en contra de la voluntad de la mujer" y que el máximo peligro de la ley del aborto está en "la inseguridad que crea, ya que su aplicación puede variar sustancialmente según la interprete un juez conservador o un juez progresista".

Tanto José Nieto, de 28 años, como Álvaro Civieta Rojas, de 30, médicos procesados por su trabajo en la clínica Canalejas, dijeron al término de la mesa redonda que les habían llamado de distintos centros de Galicia y Madrid para comunicarles que numerosas mujeres que abortaron en la clínica de Salamanca se habían ofrecido voluntariamente para comparecer ante el juez.

Con esta mesa redonda se iniciaban los actos convocados para esta semana en lo que se considera la recta final de la campaña El aborto es un derecho, no un delito, organizada en apoyo a todos los procesados.