La Junta de Jueces de Madrid pide que el Parlamento compruebe "el estado real del aparato policial"

La Junta de Jueces de Instrucción de Madrid pidió ayer al Consejo General del Podler Judicial que haga llegar, tanto al Gobierno como a las Cortes, "las inquietudes de la Junta" sobre la actuación policial" por si fuera oportuno que una comisión de investigación de los representantes legítimos del pueblo español comprobase el estado, real del aparato policial". El acuerdo, adoptado por unanimidad, expone la alarma de los magistrados ante la supuesta investigación policial a Andrés Martínez Arrieta, instructor de la desaparición de El Nani

La reunión de la Junta de Jueces se inició el pasado martes y concluyó en la mañana de ayer, cuando fue aprobado el comunicado cuyas líneas generales fueron trazadas el día anterior. La reunión estuvo motivada por la investigación policial a la que supuestamente fue sometido el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Andrés Martínez Arrieta. La Junta de Jueces, tras mostrarse "alarmada" por esta noticia, afirma que "en poder del Ministerio Fiscal obran ya los antecedentes necesarios para que pueda. promover la acción de la justicia, a fin de investigar los hechos denunciados y, en su caso, depurar las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse".La fotocopia del documento en el que el comisario general de información, Jesús Martínez Torres, ordenaba la investigación, fue remitida por el interesado al presidente de la Audiencia Territorial, Clemente Auger, quien lo hizo llegar al Consejo General del Poder Judicial, que lo remitió al fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Fuentes de la Fiscalía General, que aseguraron no conocer el acuerdo de la Junta de Jueces, dijeron que, sobre la supuesta investigación policial a Martínez Arrieta, "se ordenaron inmediatamente diligencias".

Varios de los participantes en las dos sesiones de la Junta de Jueces informaron que, además del caso de Martínez Arrieta, los jueces penales de Madrid examinaron la gran cantidad de delitos graves conocidos en los últimos tiempos, detrás de los cuales aparecen agentes de los cuerpo de seguridad.

Autonomía policial

De ahí que, según el texto aprobado ayer, la Junta de Jueces crea necesario "recordar que -por imperativo del artículo 104 de la Constitución española- las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".

Frente a este imperativo legal, "se extiende, por contra", continúa la Junta, "una inquietante tendencia a ampliar e intensificar el ámbito de su actuación, reclamando un margen creciente de autonomía policial que podría poner en peligro los fundamentos mismos del Estado social y democrático de derecho proclamado por nuestra ley fundamental".

La Junta de Jueces añade: "Parece llegado el momento de preguntar qué criterios -si los hay- rigen la actividad de esos cuerpos y fuerzas de seguridad; quién los fija; cuáles son los verdaderos intereses perseguidos; y si el Gobierno está auténticamente en condiciones de controlar -como es su poder, pero también su responsabilidad- tan impresionante aparato organizativo".

El comunicado, en cuya elaboración han participado magistrados de todas las tendencias ideológicas de la judicatura, agega: "Agitando acríticamente los fantasmas de la -muy real- amenaza terrorista y de la -más o menos manipulada- inseguridad colectiva, aumenta el riesgo de deslizarse -y no es la primera vez que esta Junta llama la atención sobre ello- por el camino de servidumbre del Estado policial. Riesgo mayor, cuando la experiencia demuestra crudamente que su autonomía solo sirve de caldo de cultivo de un clima de indeseable corrupción".

"Muchos de quienes de ella se benefician cuentan entre los pnmeros en alzarse arrogantemente", continúa, "contra quienes, jueces y magistrados, sólo aspiran a ser ese poder judicial fuerte y eficaz, en el que todos encuentren amparo: también, por descontado, tantos dignos miembros de las fuerzas y cuerpos de, seguridad del Estado, cuando cumplen su meritísima labor".

"La Junta de Jueces desearía poder expresar su confianza en que el Consejo General del Poder Judicial será consciente de que, por encima de episodios concretos, se viene planteando una confrontación institucional, en la que está en juego la independencia de los órganos jurisdiccionales que aquel órgano de gobierno está llamado a salvaguardar".

"Cabe esperar", finaliza, "que sepa encontrar cauces para hacer llegar las inquietudes de la Junta tanto al Gobierno (bajo cuya dependencia deben estar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), como a las Cortes, por si fuera oportuno que una comisión de investigación de los representantes legítimos del pueblo español comprobase el estado real del aparato policial (con mención muy especial de los servicios de información), de tan decisiva incidencia sobre los derechos y libertades de la ciudadanía".

Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia manifestaron que no tenían nada que decir sobre el comunicado de la Junta de Jueces. Medios cercanos al Ministerio de Interior citados por el programa Hora 25, de la Cadena SER, afirmaron anoche que el departamento está preparando una serie de reuniones "al más alto nivel" para lograr un mayor clima de acercamiento entre Interior y el Poder Judicial.