¿Para qué sirven las leyes?

¿Para qué sirven las leyes? Se suele entender que para ordenar la convivencia social con el menor coste posible. Por ello, al juzgarlas se introducen inevitablemente criterios de valor, a veces basados en inciertas pero respetables creencias metafísicas, sobre qué tipos de orden y convivencia social son deseables. Aun así, parece obligado valorar una ley, ante todo, por su capacidad para resolver el problema social al que ha pretendido dar respuesta.En un año desde su entrada en vigor, la ley de despenalización del aborto ha permitido que menos de 200 mujeres interrumpieran un embarazo indeseado por diversas razones. Mientras, se han producido miles de abortos ilegales.

Muy probablemente, el número de mujeres españolas que se han hecho provocar un aborto no ha variado sustancialmente con la introducción de la ley: los posibles cambios pueden venir de que quienes en otras circunstancias lo hubieran intentado en Londres o Amsterdam han decidido ahora intentarlo en España, y, tras el fracaso en atravesar la carrera de obstáculos en que se ha convertido el acogerse a la ley, han optado por un aborto ilegal, quizá sin una conciencia clara del riesgo penal.

Carrera de obstáculos

¿Por qué no funciona la ley? Tras la sentencia del Tribunal Constitucional parecía posible utilizarla como un punto de partida para normalizar las interrupciones voluntarias del embarazo. En su aplicación práctica la ley debería haber sido capaz de elevar el techo de su propia letra: al fin y al cabo eso es lo que ha pasado en países como el Reino Unido, al que las españolas han recurrido durante mucho tiempo para abortar sin riesgo clínico o legal. ¿Por qué no ha sido así?

La razón fundamental es desoladoramente obvia: España no es el Reino Unido. El sistema inglés de jurisprudencia, que permite a la práctica jurídica cotidiana ampliar el alcance de una ley, no tiene un paralelismo fácil en el sistema español. Y, lo que es más importante, en el Reino Unido la ley de despenalización del aborto se aplicaba en un contexto social mucho más permisivo y, en particular, contando con un estamento médico mucho más abierto a la realidad social. Puede ser duro de admitir, pero en España la estratificación jerárquica pone a la sanidad pública en manos de una minoría ultraconservadora que controla estrechamente los servicios de muchos hospitales. En este contexto resulta delirante confiar en una aplicación amplia de la ley de despenalización.

Decíamos antes que intentar pasar por los trámites actuales se había convertido en una mala carrera de obstáculos. Parte muy fundamental de esa carrera es la segunda ventanilla, el filtro hospitalario introducido en la práctica real de la ley por el corporativismo de los jefes de servicio más conservadores, que convierten el diagnóstico inicial en papel mojado al demorar la admisión definitiva del caso o al rechazarlo en función de razones ideológicas mal disfrazadas de conocimiento médico. En este contexto, la primera respuesta del Ministerio de Sanidad al caso de Salamanca ha sido proponer la homologación de centros privados, lo que, por una parte, sacaría de la ilegalidad actual a unos centros que bien podrían funcionar dentro de la ley, y, por otra parte, sería un paso hacia la superación del innecesario obstáculo de la segunda ventanilla.

Es bastante razonable esta propuesta como primer paso, pero es más dudoso que sea. suficiente. En primer lugar, porque el implacable deseo de obstrucción de los sectores conservadores puede buscar múltiples puntos de ataque contra los centres homologados. (Se comienza ya, por ejemplo, desde la Prensa de derecha, a exigirles contar con unidades de cuidados intensivos, lo que sólo tiene sentido en determinados supuestos de la ley en que el riesgo de la paciente es alto: lo lógico sería que esos casos pudieran contar con la plería seguridad de ser atendidos en .centros de la Seguridad Social, con plenas garantías en caso de surgir complicaciones y, lo, que no es trivial, gratuitamente.)

Pero es que, en segundo lugar, existe el problema fundamental de lograr que la ley sirva para resolver el problema social de las mujeres que desean interrumpir su embarazo, y no es obvio cue la homologación de centros privados baste para ello. La introduccion explícita de la cuarta indicación, de la indicación social, puede ser precisa para tener una mínima garantía de que el destino de una mujer no quedeún manos de un juez más o menos conservador, o de un médico de creencias fundamentalistas.

Ley insuficiente

La ley actual es insuficiente y debe ser ampliada formalmente, superando la tentación de jugar con una ambigüedad que hasta ahora sólo ha favorecido a la derecha, sólo ha fomentado la confusión. El disparatado problema legal que se puede desencadenar a partir de procesos corno el abierto recientemente en Salamanca, y de las previsibles, autoinculpaciones masivas que podrían ser su secuela en toda España, es un buen argumento para dejar las reglas del juego claras cuanto antes.

Y no hay que ignorar tomas de posición como la de los trabajadores de los centros municipales de salud de Madrid, que, al pedir la ampliación de la ley, se limitan a dar cuenta de la presión social de la que son objeto, de la necesidad de hacer frente a las necesidades sociales antes de pensar en posibles oportunismos políticos.