Liberalización del mercado de capitales

EL ANUNCIO de que dentro de poco tiempo los españoles podrán adquirir libremente títulos cotizados en bolsas europeas representa un paso adelante por la senda de la liberalización del mercado de capitales en España. También representa un reconocimiento expreso de la creciente e inevitable integración del mercado español en un espacio económico más amplio, donde personas, mercancías, servicios y capitales circulan con una fluidez razonable.En realidad, la medida anunciada no hace sino anticipar en el tiempo algo a lo que, de todas maneras, nos habíamos comprometido al firmar el Tratado de Adhesión a la CE. Tanto en este campo como en el de las adquisiciones de bienes inmobiliarios fuera de nuestras fronteras, se había previsto un período de transición de cinco años a partir de la entrada en vigor del tratado, y lo que ahora, sucede es que, por razones de control monetario, el Gobierno ha decidido adelantar la aplicación de las normas comunitarias en este punto particular.

La principal razón que ha inducido a las autoridades económicas a adoptar esta medida ha sido el considerable aumento de reservas que se ha producido en los últimos meses como consecuencia, en último término, del fuerte excedente en la balanza por cuenta corriente. En los primeros meses del año las consecuencias monetarias de este acuerdo se vieron neutralizadas por la amortización anticipada de numerosos créditos contraídos en el exterior y por el desendeudamiento del Tesoro en el Banco de España como consecuencia de las fuertes emisiones de pagarés del Tesoro. Sin embargo, a medida que avanzaban los meses se vio con claridad que, de no hacer nada por evitarlo, la presión al alza sobre la peseta se haría cada vez más intensa. El dilema consistía en dejar que la peseta se apreciara, con el consiguiente peligro para las exportaciones de mercancías o, por el contrario, intentar esterilizar las consecuencias monetarias del incremento de las reservas. Entre ambos extremos cabía la posibilidad de frenar la entrada de divisas mediante la liberalización de los movimientos de capital, y ésta parece ser la vía elegida por las autoridades.

Así pues, dentro de poco los ahorradores españoles podrán adquirir acciones en las plazas financieras europeas, con el requisito de que estas compras procedan de patrimonios legalmente declarados. Tal vez esto anime al ahorrador nacional a mirar un poco más allá de los límites de su provincia y a asomarse a Europa. Fuera de nuestras fronteras es un hecho normal no distribuir dividendos cuando las sociedades van mal, pero también es normal la obtención, y el reparto de altos beneficios; remuneración y riesgo suelen guardar una relación directa en unos mercados que, por su transparencia y extensión, son poco susceptibles de ser manipulados.

Paralelamente a esta evolución, pronto podrán cotizar en las bolsas españolas sociedades europeas que hasta ahora no lo hacían, lo cual ampliará la oferta disponible de títulos. La creciente integración de los mercados financieros en el mundo tendrá como resultado final la capitalización de recursos hacia donde existen las mayores oportunidades de crecimiento; en este sentido, y a condición de diseñar una política económica adecuada, las posibilidades de España son bastante elevadas. La mayor prueba de que la libertad nos favorece se encuentra en los favorables resultados de la legislación sobre las inversiones extranjeras en España.

Como para defenderse de posibles críticas, los responsables económicos han avanzado la idea de que la liberalización de este segmento del mercado de capitales tiene la ventaja, desde el punto de vista económico, de procurar a término unos ingresos de divisas consistentes en los intereses de esas colocaciones. Realmente no hacía falta encontrar una justificación que, en los momentos actuales, contradice los objetivos perseguidos. Desde otra perspectiva puede aducirse que es preferible que sean los ciudadanos privados, y no la Administración, quienes detenten los haberes en divisas y decidan libremente sobre su colocación. El Estado debe concentrar su atención en problemas más generales, como el control de la masa monetaria, la definición de la política cambiaria o la adecuación de nuestra estructura productiva a la de la CE. El resto es mejor dejarlo al libre arbitrio de los ciudadanos.