Un juzgado pide la lista de teléfonos intervenidos de forma legal en Bergara

El Juzgado de Instrucción de Bergara (Guipúzcoa), ha solicitado a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional que le faciliten la relación de los teléfonos de los ciudadanos de ese partido judicial cuya comunicación telefónica se encuentra legalmente intervenida al amparo de las competencias de la legislación antiterrorista. La solicitud del juez titular de Bergara, Juan Francisco Uría, se suma a las diligencias instruidas secretamente por ese juzgado y encaminadas a lograr un control directo de las escuchas telefónicas y a ejercer la tutela efectiva del derecho de los ciudadanos a la intimidad en sus comunicaciones.Días atrás, la compañía telefónica respondió a un requerimiento similar del juez de Bergara sugiriéndole que solicitara esos datos a los juzgados centrales y justificando su negativa en la necesidad de "no contravenir el secreto del sumario".

La iniciativa del juez de Bergara plantea la cuestión de si corresponde al juez natural el control de las escuchas telefónicas y la tutela de los derechos ciudadanos aun en el caso de las personas sospechosas de estar relacionadas con grupos o actividades terroristas.

Algunas fuentes judiciales justifican esta iniciativa, que, al parecer, no tiene precedentes en el País Vasco, aludiendo a la creencia, generalizada entre los ciudadanos vascos, de que existen numerosos teléfonos intervenidos sin un efectivo control judicial.

Las mismas fuentes consideran que el pretendido control de los juzgados centrales de las escuchas realizadas en el ámbito de la lucha antiterrorista es más ficticio que real y que, en la práctica, estas actuaciones están incontroladas, facilitando los abusos y la creencia general de que el teléfono no es el medio más idóneo para asegurarse la reserva de las comunicaciones.

Los trabajadores de Telefónica abandonan sistemáticamente las terminales de la compañía en Euskadi dejando, operar sin testigos a los policías judiciales encargados de los pinchazos y no llevan registro alguno que permita comprobar que los teléfonos intervenidos corresponden efectivamente a los que figuran en las órdenes judiciales.