Los jueces del País Vasco consideran que el Ejecutivo tolera mal su independencia

El ejecutivo tolera mal en ocasiones la independencia de la justicia. Ésta es la conclusión a la que llegan muchos de los jueces de País Vasco tras los últimos enfretamientos con Interior. Joaquín Giménez, presidente de la Audiencia de San Sebastián, es tajante: "El auténtico triunfo del terrorismo sería impregnar los mecanismos del Estado con su propia disyuntiva maniquea" Giménez ve "inviable e impresentable" el proyecto de ampliar competencias de la Audiencia Nacional a los delitos atribuidos a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad al aplicar la ley antiterrorista.

Giménez, cuyo nombramiento en febrero pasado provocó una áspera reacción del PSE-PSOE de Guipúzcoa, con duras acusaciones genéricas a "la justicia" de la provincia, cree, además, que tal ampiación de competencias "es un error político muy grave que puede cortar de raíz la colaboraciórt francesa".Para Joaquín Giménez, el pulso entre jueces y policías, ampliado luego al Ministerio del Interior y a todo el Gobierno, es explicable sólo si se mantiene la confusión que identifica Estado y poder ejecutivo, a la que este último restilta propenso. "La justicia es el único poder del Estado independiente, en el sentido de que no es políticamente monocolor afirma. "El terrorismo quiere imponer un razonamiento según el cual o se está incondicionalmente con él o se está contra él. El Ejecutivo, cuando se enfrenta al terrorismo, tiende a aplicar inconscientemente la misma lógica".

El presidente de la Audiencia de San Sebastián cree que "ése sería el auténtico triunfo de cualquier movimiento terrorista, cualquiera que fuera su signo". Por eso reivindica para los jueces del País Vasco el reconocimiento de que están jugando un papel de Estado, incluso cuando sus actitudes resultan conflictivas.

El magistrado opina que debe reconocerse también a los jueces una labor considerable que beneficia al prestigio del Estado en el País Vasco, "donde las instituciones estatales", subraya, "provocan, por el mero hecho de serlo, franco rechazo o, cuando menos, displicencia". Giménez argumenta que, por tanto, todo lo que genere confianza en tina institución del Estado, conio lo es obviamente la administración de justicia, resulta positivo, y no sólo para la magistratura, sino para el Estado en su conjunto.

"Lo que pasa, añade, "es que hay quien difunde la especie innoble de que buscamos esa confianza de los ciudadanos a base de pagar nuestro particular impuesto revolucionario en forma de tres o cuatro procesamientos de guardias civiles al mes".

Asamblea

El último episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y los jueces se ha incubado la semana pasada. Los tres presidentes de las audiencias provinciales de la comunidad autónoma han convocado a sus compañeros a una asamblea.El objetivo es pronunciarse sobre el intento de "cercenar la competencia del juez natural trasladando parte de sus atribuciones penales a la Audiencia Nacional en materias relacionadas con el terrorismo", según la carta de convocatoria. Los tres presidentes de las audiencias estiman que se trata de una cuestión ante la cual los jueces no pueden permanecer indiferentes.

La convocatoria responde a una inquietud generalizada. Los jueces vascos se sienten víctimas de una campaña de acoso dirigida a minar su independencia, según la expresión empleada por la Junta de Gobierno de la Audiencia Territorial de Bilbao a propósito de las amenazas de muerte que han obligado a los magistrados María Elisabeth Huerta y Juan Alberto Belloch a solicitar escolta policial.

Este hecho, que no ha influido en la convocatoria de la asamblea -decidida con anterioridad-, no es más que la nota fínal de un concierto de acusaciones en las que, afirman los jueces, se les ha presentado rendidos a la presión terrorista.

Acusación descabellada, coinciden en subrayar varios jueces, desde el momento en que la vierten quienes son partidarios de mantener la jurisdicción de la Audiencia Nacional sobre los delitos de terrorismo. Muchos jueces del País Vasco se declaran favorables a mantener el principio del juez natural incluso para estos delitos y recuerdan que así se ha hecho en Irlanda del Norte o en Italia. "Quizá aumentaran los riesgos personales, pero son cosas que hemos aceptado con nuestra profesión", aseguran.

Fijar un criterio común

La asamblea del próximo martes, la primera ocasión en que los jueces del País Vasco fijarán un criterio común y lo expondrán en público, es necesaria, según Joaquín Giniénez, porque existe un proyecto de ley de Coalición Popular que pretende extender las competencias de la Audiencia Nacional a los delitos imputados a policías cuando actúan en aplicación de la ley antiterrorista y, sobre todo, porque hay constancia de pronunciamientos gubemamentales favorables a seguir ese criterio.Los jueces también rechazan la suposición, que consideran generalizada, de que la mayoría de ellos están en Euskadi contra su voluntad. La realidad es más bien la contraria. Pese a la práctica ausencia de magistrados de origen vasco en las plantillas del cuerpo, la mayor parte de los que ejercen en la comunidad autónoma han solicitado la plaza voluntariamente o han tenido múltiples oportunidades de conseguir el traslado que no han aprovechado.

[La comisión permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, acordó ayer rechazar el proyecto de atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos imputados a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sustrayendo esta competencia al juez natural].