Los españoles podrán comprar libremente valores extranjeros, pero no inmuebles

La liberalización de las inversiones es pañolas en el exterior excluirá de momento la compra de inmuebles. El texto de la norma, sobre el que han discrepado en los últimos meses las autoridades económicas, ha sido elevado esta semana al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga y centra la apertura en las inversiones de cartera. Los responsables de Economía y del Banco de España desaguar divisas para aliviar las presiones alcistas sobre la peseta, aunque sin perder muchos de los controles ejercidos sobre las salidas de capitales.

El proyecto surgió la pasada primavera, como respuesta a los problemas del excedente en la balanza de pagos: un aumento de la cantidad de dinero, entonces descontrolada, y la excesiva fortaleza de la peseta. A falta de acuerdo, hubo medidas para soltar reservas gota a gotaPero la liberalización quedó para después de las elecciones.Los primeros debates administrativos resultaron poco clarificadores, según algunos de sus protagonistas. La secretaría de Estado de Economía y el Banco de España pretendían contar con canales permanentes para el desagüe de reservas; sus esfuerzos por frenar el tipo de cambio inominal de la peseta sobre las divisas europeas no impedían mia apreciación real perniciosa para las exportaciones, porque los precios y los costes españoles crecen más deprisa. Por ello, querían liberalizar las salidas de capitales.

Replantar todo el decreto

Economía propugnaba modificar el decroeto de 1979 sobre ínversiones españolas en el extranjero, trámitor que requiere acuerdo del Gobierno. Los responsables dle Comercio opinaban que bastaba con simples órdenes ministeriales o resoluciones administrativas, a menos que se anipliara el alcance de la liberalización, en lo que ellos iban más lejos. El debate ha proseguido después de las elecciones, hasta quir el ministro, Carlos Solchaga, pidió un proyecto de decreto para que lo apruebe este mes el Gobierno.Por razones de simplicidad administrativa y de imagen pública -España acaba de liberalizar las inversiones extranjeras y sigue con las normas de hace siete años sobre inversiones en el exterior-, Solchaga se ha inclinado por replantear en su totalidad el decreto de 1979.

El texto que ha recibido de Transacciones sigue un esquema similar al vigente. Las inversíones directas (toma de partícipaciones de ínflucinicia en empresas) ya están libres; sólo requieren trámites de. verificación, que el nuevo decreto apenas simplifica. Los. mayores avances se centran en las de cartera (títulos de renta fija o variable), para las que España no utilizará la reserva de tres años que pactó en elTratado, de adhesión a la Comunidad Europea (CE). Para todos los casos, Economía y Hacienda quiere hacer más efectiva la actual exigencia de las declaraciones de patrimonio o de sociedades, para evitar salidas de capital superiores a la diferencia entre propiedades y deudas.

Las demás inversiones, sobre todo las dirigidas a inmuebles, necesitan autonización y se les podrá exigir hasta el 1 de enero de 1991; no obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda quedará facultado a aflojar los controles, y tiene el propósito de hacer efectiva esta delegación inmediatamente.

Ha ganado el miedo a perder con los ínmuebles el control fiscal y monetario sobre los capitales. En la opinión imperante, sería una pérdida sin contrapartidas para la economía española en forma de intereses o dividendos. También sin necesidad, porque la CE admitió una reserva por cinco años.

Para las inversiones de cartera, donde la libertad de los inversores españoles no institucionales está limitada a la compra de renta fija emitida por residentes u organismos internacionales de los que forme parte España, el decreto prevé extender la apertura a los particulares y a las acciones y otros títulos.

Los bancos, cajas de ahorro y compañías de seguros, que ya pueden invertir libremente en las bolsas extranjeras hasta un 10% del aumento anual de sus recursos propios, apenas tendrán límites en la práctica; el Banco de España quiere poner un tope del 33%, si bien por térinino medio los ocho grandes bancos sólo utilizan en torno al 2%

Las sociedades y fondos de inversion podrán sacar más del 20% de su patrimonio.