Los centros municipales de salud de Madrid reconocen que colaboran con las clínicas clandestinas de aborto

Trabajadores de los centros municipales de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, centros privados de planificación familiar y miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública manifestaron ayer, en la sede del Centro Pablo Iglesias, que, ante el desfase que hay entre entre la legalidad y la realidad de la demanda de aborto, facilitan información sobre los centros donde las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo y que consideran reúnen las condiciones sanitarias adecuadas.

Los trabajadores de centros de salud y planificación familiar adscritos a servicios públicos y privados consideran, según el comunicado hecho público ayer en la sede del Centro Pablo Iglesias, que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho democrático de la mujer, y que el ejercicio de este derecho debe estar garantizado por el Estado a través de la red sanitaria pública. "Pero la despenalización del aborto llevada a cabo por el Gobierno no responde a la demanda social de las mujeres de este país, tal y como se ha puesto de manifiestó por el hecho de que desde la aplicación de esta despenalización se han realizado menos de 200 abortos legales de los 27.000 que podrían haber sido llevados a cabo de haberse aplicado la ley de una manera menos restrictiva".El comunicado distribuido para su aprobación por los distintos centros de, salud continúa diciendo que, "debido al desfase entre la legalidad y la realidad, la inmensa mayoría de las demandas de aborto es canalizada hacia centros privados, dentro y fuera del Estado. Por tanto, facilitamos información a las mujeres sobre la situación legal, así como de los centros donde pueden interrumpir su gestación y que consideramos reúnen las condiciones sanitarias adecuadas.

Una de las profesionales presentes en la conferencia de prensa, que trabaja en el centro de salud de Coslada, puntuaIizó que su colaboración con estas clínicas consiste tanto en realizar las revisiones necesarias posteriores a una intervención de aborto como en que las personas que acuden a esos centros obtienen su información a través de ellos. "Es decir, nosotros somos los que proporcionamos los clientes a las clínicas".

Procesos

Además, teniendo en cuenta el derecho constitucional, tanto de los profesionales como de las mujeres, a mantener en secreto su intimidad, exigen el sobúeseimiento de todas las causas pendientes por aborto en Galicia, Salamanca, Pamplona, Sevilla, Málaga, Valencia y Castellón. Concha Sierra y Francisca Sauquillo, diputada y senadora del PSOE, respectivamente, y Carmen Ronei, por el partido comunista, estaban presentes apoyando el acto.Por su parte, el secretariado de Jueces para la Democracia, reunido ayer, denunció el "gravísimo divorcio entre la norma jurídica y la realidad social que supone mantener la actual forma de criminalización de la interrupción voluntaria del aborto". Y urge al Gobierno y a la mayoría parlamentaria para que lleven a cabo "la reforma legislativa que demandan amplísimos sectores sociales y que ponga fin a tantas y tan crueles situaciones de persecución de ciudadanos por hechos francamente aceptados o tolerados por la conciencia social". Este año han muerte seis mujeres por abortos clandestinos.