El poder quiere secretos

LA INSÓLITA pretensión del Gobierno de considerar materia clasificada el memorándum sobre la OTAN, entregado en mayo pasado por España a la Secretaría General de la Alianza Atlántica, ha sido rechazada en bloque por todos los grupos de oposición, que reclaman amplia información sobre el documento. La comparecencia ante las Cortes del ministro de Asuntos Exteriores no ha mejorado las cosas, y sirvió solamente para poner de relieve el empecinamiento del Ejecutivo en no dar a los parlamentarios la información que legítimamente reclaman.El pretexto legal aducido por el Gobierno no se tiene en pie, pues sólo una ignorancia de las leyes puede sustentar la afirmación de, que el Parlamento no puede tener conocimiento del memorándum porque constituye materia clasificada. Precisamente la ley de Secretos Oficiales establece taxativamente, en su artículo 10, párrafo segundo, que "la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas". Como tampoco se tiene en pie la declaración del ministro de Asuntos Exteriores en el sentido de atribuir a normas de la Alianza Atlántica el carácter secreto del memorándum español. Curiosamente, el Gobierno se declara dispuesto, aun en contra del pretendido secretismo que se alega impone la Alianza, a explicar a los parlamentarios el contenido del memorándum, que, según el ministro, "ha sido explicado ya 10 veces", pero se niega a enseñar el documento a los diputados, que lo exigen. Ni la ley ni la lógica amparan esta decisión, más parecida a una alcaldada que a otra cosa. Alegar, por otra parte, que la seguridad nacional se pondría en juego si los diputados conocieran en sesión secreta esos papeles entregados a representantes y funcionarios de los países aliados es cuando menos una ofensa a los representantes en las Cortes y una vulgaridad digna de olvido.

Lo que está claro es que el Gobierno no está dispuesto a que el Parlamento tenga un conocimiento completo del memorándum sobre la OTAN, aunque pueda ser informado de aquellos aspectos parciales que el propio Gobierno considere convenientes. Y para conseguir este objetivo parece dispuesto a recurrir a todos los sofismas posibles o, si es necesario, a la política de hechos consumados, como recientemente ha ocurrido con su apoyo a la incomparecencia de guardias civiles ante la autoridad judicial o con su decisión de postergar una vez más, y sin explicación alguna, la regulación de la televisión privada en España.

Ya en el momento de la entrega del memorándum sobre la OTAN, en mayo pasado, se hurtó su existencia a la opinión pública española, que tuvo que enterarse por las ediciones del Atlantic News, un boletín publicado en Bruselas. Cuatro meses después, esta voluntad de ocultamiento persiste, y tanto empecinamiento no puede tener otra explicación que el deseo del Gobierno de que el pueblo español y sus representantes dispongan de los menos datos posibles sobre lo que es evidente: la imposibilidad práctica de cumplir el requisito de "no integración militar" que se estable ció en la pregunta del referéndum, ya que constituye de hecho misión imposible pertenecer de lleno a una organización como la Alianza Atlántica sin participar militarmente en ella.

Y para conseguir este objetivo el Gobierno recurre a la ley de Secretos Oficiales, y si es necesario, se escuda hasta en la propia Alianza Atlántica. Empeño inútil: ni una ni otra le amparan, en esta ocasión al menos, en su pretensión de despachar de tapadillo un aspecto tan fundamental en la política de defensa del país como es el modelo de relación y las formas de participación en la Alianza Atlántica.