Sanidad facilitará la legalización de las clínicas privadas que realizan abortos clandestinos

El Ministerio de Sanidad ha preparado una orden ministerial para clarificar los requisitos mínimos que han de tener las clínicas privadas que realicen interrupciones voluntarias de embarazo. Hasta ahora, los centros privados que hacen abortos no han solicitado ninguna acreditación, y trabajan en la clandestinidad. Esta situación ha dado lugar a hechos como la reciente detención y procesamiento de Jesús Fiel, gerente del centro Especialidades Médicas Canalejas, en Salamanca. En este centro operaba uno de los siete colectivos que atienden exclusivamente a mujeres con dificultades económicas.

Siete colectivos atienden actualmente en España la demanda de las mujeres que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en la ley y que, por la rigurosidad con que se aplica, no consiguen en el plazo previsto el dictamen necesario de las comisiones de evaluación ni tienen el dinero suficiente para viajar al extranjero.Para Victoria Abril, asesora para temas de salud en el Instituto de la Mujer, "el número de abortos anuales que entrarían en alguno de los tres supuestos contemplados en la ley despenalizadora de la interrupción voluntaria del embarazo sería, según estimaciones, de unos 27.000, pero, en contraste con estos datos, los abortos legales producidos en el primer año de aplicación de la ley apenas superan los 200, excluyendo los realizados en Andalucía y Cataluña. El fuerte desfase entre estas cifras indica claramente que hay un número importante de abortos que se han desviado a clínicas privadas, tanto dentro como fuera de España".

Facilitar acreditaciones

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, en la Administración hay ánimo de legalizar estas clínicas. Contemplando la situación actual, se ha visto la necesidad de clarificar en una nueva orden ministerial las condiciones de equipamiento que se han de exigir a estas clínicas, porque las condiciones exigidas en la orden ministerial del 31 dejulio de 1985 -eran demasiado amplias y genéricas. Además, la concesión de las acreditaciones corresponde a las comunidades autónomas que pueden variar sustancialmente, según la interpretación que hagan, la exigencia de equipamiento.Respetando las garantías sanitarias, la Administración está dispuesta a simplificar las normas. Las clínicas que no presenten la documentación necesaria para acreditarse recibirán una visita de la inspección médica. El borrador definitivo de la nueva orden ministerial fue presentado ayer al subsecretario de Sanidad Carlos Hernández Gil, y su aprobación podría producirse en unos días.

Para concretar las condiciones mínimas que van a exigirse a las clínicas privadas. se han tenido en cuenta los datos del estudio realizado sobre los abortos legales y la experiencia de profesionales sanitarios que conocen detalladamente los problemas planteados en clínicas privadas del extranjero, fundamentalmente en Londres y Anisterdam.

Marisa Castro, presidenta de la Comisión de Planificación Familiar de Madrid, cree que la legalización de estas clínicas "es una medida acertada y una solución a medio plazo que permitirá una aplicación más amplia de la ley", aunque considera que debe ser la sanidad pública la que se haga cargo de los abortos.

Miembros de uno de los colectivos que se encuentran actualmente en la clandestinidad han manifestado que pedirán la acreditación en cuanto se hagan públicas las normas.