Un fiscal solicita la libre absolución de dos médicos acusados de negligencia

El ministerio fiscal solicitó la libre absolución para dos médicos, Francisco de Paula Borras y Antonio Sans, procesados por el supuesto delito de negligencia profesional y juzgados ayer en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Barcelona. Manuel Luengo, un joven de 14 años, fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas durante el mes de marzo de 1981. En la última de ellas el paciente sufrió un paro cardíaco y desde entonces el joven permanece en una silla de ruedas, sin capacidad de conocimiento, ni de comprensión, ni de habla. Este estado se denomina médicamente como decorticación cerebral, y significa que la persona sólo mantiene sus funciones vegetativas.Manuel Luengo ingresó de urgencias en el hospital, del Espíritu Santo de Igualada, a consecuencia de un accidente de circulación, el 3 de marzo de 1981. Presentaba múltiple fractura en un brazo y contusiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Según testificaron los médicos procesados, anestesista y traumatólogo, la fractura era compleja y se requería más de una operación. En la última, el 27 de marzo, el joven sufrió un paro cardíaco cuyas causas residieron, según los testimonios de los procesados y de otros doctores que testificaron, en un accidente anestésico. Este tipo de accidente es imprevisible, de acuerdo con las declaraciones. El joven fue trasladado el mismo día a la residencia del Valle Hebrón, donde ya se diagnosticó la irreversibilidad de las lesiones cerebrales.

Los acusados aseguraron en el juicio que la crisis cardíaca fue detectada a los pocos segundos, y que inmediatamente se hicieron los masajes de reanimación. Sin embargo, según el testimonio prestado por el doctor Manuel Rodríguez Pazos, profesor de la facultad de Medicina, la aparición de secuelas tras un paro cardíaco son muy escasas si se controla rápidamente. Este doctor puntualizó que las lesiones cerebrales graves se producen cuando no se ha conseguido reanimar al paciente en un término de tres o cuatro minutos desde la aparición de la crisis.

Tanto el letrado defensor como el fiscal solicitaron la libre absolución de los acusados, por entender que no existían pruebas que confirmasen la existencia de una negligencia profesional. El fiscal matizó, además, que la medicina no es una ciencia exacta y por este motivo no se puede exigir responsabilidades a los médicos ante la imposibilidad de calcular todas las situaciones imprevisibles.

Seis milones de indemnizacion

Esta argumentación fue rebatida por el acusador particular, en representación de la familia del joven, quien subrayó que no se puede aludir a las limitaciones médicas para justificar que una persona sólo este capacitada para, desarrollar las funciones vegetativas. Este letrado solicitó la imposición de seis años de prisión menor para cada uno de los procesados, además del pago de una indemnización de 10 millones y la determinación de una pensión vitalicia.