Las pensiones asistenciales suben un 8%
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987 establece, con carácter general, un incremento de salarios del 5% para el personal del sector público. Además de este porcentaje, se crea un fondo de 7.000 millones de pesetas que se destinará a financiar mejoras retributivas para los funcionarios tras las negociaciones mantenidas entre la Administración y las centrales sindicales más representativas en el ámbito de la función pública. Para el personal de la Seguridad Social este fondo se dota de 2.500 millones. Las pensiones suben un 5% y las asistenciales un 8%.Las retribuciones totales de los altos cargos suben también en una proporción igual al índice de precios al consumo previsto para el próximo año, un 5%. En cuanto al personal laboral al servicio de la Administración, se establece un aumento del 5%, en la masa salarial correspondiente al ámbito de cada convenio. Según el proyecto de los presupuestos, 138.368 puestos de la Administración del Estado, organismos autónomos y constitucionales deben ser desempeñados por personal en régimen laboral. El gasto de personal activo al servicio de la Administración será en 1987 de 1.449.614 millones de pesetas.
En cuanto a las pensiones, el proyecto de presupuestos incluye por primera vez el concepto de pensiones públicas", entendiendo por ellas aquéllas que se financian en parte o en su totalidad con fondos o recursos públicos. Se establece además la cuantía máxima que una persona podrá percibir por el conjunto de varias pensiones públicas. El jubilado no podrá cobrar más de 187.950 pesetas íntegras al mes durante el año que viene en concepto de pensión pública.
Las pensiones del Fondo Nacional de Asistencia Social crecen en 1987 un 8%, por encima de la subida general de las pensiones. Igualmente, las pensiones mínimas en la Seguridad Social, clases pasivas y la Mutualidad de Previsión de la Administración Local crecerán por encima del 5% general, aunque los porcentajes concretos no se fijan en el proyecto, sino por decreto.
El proyecto prevé el establecimiento por decreto de pensiones de la Seguridad Social para los empleados públicos víctimas del terrorismo y sus familiares.
