Tensión en la comarca de Almadén en torno al futuro de las minas de mercurio

Las federaciones de minería de UGT y CC OO han coincidido en denunciar la mala gestión de los dirigentes de la empresa estatal Minas de Almadén y Arrayanes, SA, ubicada en unos yacimientos de mercurio que son considerados como los más ricos del mundo y de los que vive una comarca de 25.000 habitantes.

En un acto público que se celebró en la noche del sábado en una plaza de Almadén, José Antonio Saavedra, secretario general de la federación minera de UGT, acusó al presidente de MAYASA, José Manuel Romero, de "despilfarrar" los fondos del PRECA, el plan de reconversión de la comarca de Almadén, en el que el Estado ha invertido 7.000 millones de pesetas entre 1978 y diciembre de 1985. La inversión prevista hasta 1988, año en que finaliza el programa, asciende a 11.000 millones de pesetas. El PRECA se puso en marcha con el objetivo de buscar alternativas a la monoexplotación del mercurio, para mantener y, en su caso, incrementar los puestos de trabajo.La federación minera de UGT ha solicitado una auditoría operativa a la Intervención General del Estado para saber en qué se han empleado los millones del PRECA. La federación duda de que esos fondos se hayan invertido correctamente. La empresa dice haber obtenido beneficios superiores a los previstos durante los dos últimos años, pero al mismo tiempo ha paralizado proyectos alternativos como el de la mina de plomo, cinc y plata de Navalmedio y aún no ha puesto en marcha la explotación de la mina Las Cuevas, que se preveía para este año. Sin embargo, la empresa mantiene el objetivo de cerrar las antiguas explotaciones subterráneas.

Las denuncias de Saavedra de "despilfarro, gastos superfluos (comidas, piscinas de uso particular, acondicionamiento de chalés, viviendas unifamiliares), enchufismo e ineficacia" contra los responsables de MAYASA han hecho que éstos lleven el asunto al juzgado.

Por su parte, el secretario de organización de la confederación de CC OO, Reyes Hidalgo, natural de Almadén, ha afirmado que "el problema está en que el Estado ha dado 11.000 millones de pesetas y nadie ha exigido responsabilidades sobre dónde ha ido a parar esa inversión". Hidalgo ha dicho que tras ocho años de aplicación del PRECA "no sólo no hay un incremento del empleo, sino una disminución".