Las responsabilidades del 'caso El Nani'

LA DESAPARICIÓN, mientras se encontraba detenido, de un ciudadano español al que se había aplicado la legislación antiterrorista, no es cuestión que pueda despacharse con metáforas futbolísticas o capotazos desde el burladero del secreto sumarial. A unas y otros recurrió el ministro Barrionuevo, como único recurso, el pasado miercoles, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria encargada de controlar la actuación del Gobierno. Santiago Corella, El Nani, es el primer desaparecido de la democracia española y, en cuanto tal, un síntoma de la pervivencia entre nosotros de situaciones más propias de sociedades sometidas al arbitrismo que ál imperio de la ley.Es sencillamente escandaloso que casi tres años después de que Corella fuera detenido y dado por desaparecido, el ministro con competencia en este caso no sea capaz de ofrecer a la opinión pública otro resultado de: las investigaciones que la sospecha de que alguien innominado haya podido colarle un gol. La opinión pública tiene derecho a saber quién o quiénes son los directamente responsables y qué medidas han sido adoptadas; en relación a esas personas.

En estos tres años han ido acumulándose evidencias, por una parte, e indicios verosímiles, por otra, que han. arruinado la versión oficial de la desaparición de El Nani, ofrecida en su día y no modificada posteriormente. Dicha versión asegura que Corella desapareció, dándose a la fuga, cuando era conducido a un descampado de: las afueras de Madrid para identificar un escondite de armas y el domicilio del proveedor de las mismas.

Sólo en junio de 1984, siete meses después de los hechos y un mes más tarde de la presentación de una denuncia ante el juzgado por parte de los familiares del desaparecido, la Dirección General de la Policía se decidió a abrir un expediente disciplinario. Ese expediente sería "sobreseído y archivado sin declaración de responsabilidad disciplinaria alguna" a fines de enero de 1986. Las posteriores revelaciones del joyero Federico Venero, que pusieron al descubierto toda una trama de corrupción policial, y la relación por aquél establecida entre los policías presuntamente corruptos y la desaparición de El Nani, con el consiguiente escándalo público, aconsejaron a los responsables poficiales abrir un nuevo expediente interno, el 1 de julio pasado, cuyos resultados no han sido revelados aún.

Santiago Corella fue detenido junto con el también delincuente común Ángel Manzano. Ambos estaban acusados de participar en un atraco con homicidio (participación que se revelaría falsa) y es presumible que los dos fueron interrogados sobre ese hecho y en similares condiciones. El mismo día de la desaparición de Corella, Manzano era internado en un hospital -al que fue conducido directamente desde las dependencias policiales- donde se le apreciaron lesiones graves. Antes de su desaparición, el forense certificó que Corella padecía contusiones y erosiones en casi todo el cuerpo. Todo ello figura en los expedientes correspondientes, incluyendo las certificaciones médicas. La explicación ofrecida por la policía, según la cual tales lesiones fueron producto de la resistencia opuesta por los detenidos en el momento de su detención, son poco creíbles. Pero más increíble es que los instructores del primer expediente disciplinario no hallaran en esos hechos motivo alguno de sanción.

Barrionuevo ha admitido, si bien sólo metafóricamente, la posibilidad de haber sido sorprendido en su buena fe cuando se le pidió autorizar con su firma la aplicación de los supuestos de incomunicación especial previstos en la ley antiterrorista al detenido Corella. Cabe preguntar al ministro si esa sospecha le ha surgido ahora o si ya la tuvo cuando se enteró, tal vez por la Prensa, de que a esa persona se la daba por desaparecida. O si algo tuvieron que ver con sus sospechas las revelaciones de Venero sobre una mafia policial que traficaba con droga aprehendida y con joyas y oro robados, amén de organizar atracos a entidades bancarias. Y si, en ese contexto, es o no verosímil la hipótesis de que Santiago Corella fuera torturado hasta la muerte y hecho desaparecer luego, tal como sostiene el joyero -y confidente policial- Federico Venero. En fin, cabe preguntar al ministro del Interior si entre las medidas previstas por su departamento para mejorar la seguridad ciudadana figura ejercer su autoridad para limpiar el departamento del que es responsable político de aquellas personas que se consideran autorizadas a meterle goles. A él y a la sociedad española.

Porque lo que este trágico episodio pone de manifiesto es, además de la persistencia de un alarmante descontrol del Ejecutivo sobre sectores vitales del aparato del Estado, la creciente pérdida de nervio moral en buena parte de los políticos instalados en el poder. La intervención en la Comisión de Justicia e Interior del diputado socialista Carlos Navarrete, desbordando al propio ministro con afirmaciones como que Barrionuevo había "respetado escrupulosamente la ley", dado que la familia Corella "formaba aparentemente una banda armada", es una ofensa a la inteligencia y una muestra de indignidad política. En este asunto hay una vida humana de por medio, e indicios más que suficientes para pensar que quienes pudieran habérsela arrebatado a El Nani y quienes consintieron en ello no han desaparecido precisamente de la escena. Estas incógnitas exigen respuestas concretas.