Las vanas razones del ministro de Justicia
DIARIO 16El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, ha invocado su ética democrática en un nuevo intento de justificar la postura del Gobierno frente al auto de la juez bilbaína Elizabeth Huerta, que citaba a comparecer a noventa guardias civiles para una rueda de identificación. Ha sido el último argumento de esta desgraciada historia, expuesto solamente esta vez en el Congreso de los Diputados. Pero no ha podido servir para convencer, porque las razones alegadas por el ministro no pueden mantenerse en pie.La desobediencia a la juez no es conforme a derecho, ni -en contra de la opinión del ministro- tiene apoyo lo ocurrido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni es aplicable al uso la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las pruebas. Aducir ahora, por ejemplo, que el ministerio fiscal no recumo porque no se le había notificado la resolución judicial resulta un razonarniento débil, ya que la carencia de comunicación al ministerio público comportaba la nulidad del acto. Bastaba alegar ese defecto de procedimiento para conseguir el objetivo de la incomparecencia de los guardias civiles.
Lo improcedente fue que los mandos de la Guardia Civil, con el respaldo del Gobierno, se erigie sen en una especie de "supercicutas" -personajes de un famoso programa de televisión que hacían sonar sus sirenas de allarma cuan do algo les parecía erróneo- y juzgasen ellos a la juez, decretan do que se había equivocado o que la providencia no se ajustaba a las normas jurídicas. Esto es inacep table y, naturalmente, nunca el Tribunal Supremo ni el Constitucional han bendecido tal conducta, por la sencilla razán de que jamás hasta ahora uno de los servi cios del Estado se había revelado contra los jueces.
La desobediencia administrativa ( ... ) no es equiparable al incumplimiento de una resolución judicial. Por el camino marcado por el ministro de Justicia ( ... ) se llega al caos, a la anarquía completa, con cualquier funcionario, sea guardia civil o no, o cualquier particular, valorando por sí y ante sí la legalidad de las actuaciones judiciales. ( ... )
Es indiscutible que con alguna frecuencia se equivocan los jueces, pero no son los particulares, por muy alto cargo público que ostenten, quienes deben determinar los errores. En un Estado de derecho existen posibilidades de impugnaciones y recursos, y éstas son las que deben entrar en juego. ( ... )
No tiene apoyo jurídico alguno negarse a comparecer ante un juez ( ... ) Y no cabe buscar justificaciones a posteriori. La inoperancia del fiscal en este caso, dejando de recurrir lo que debía recurrir, es una demostración alarmante de dejadez.( ... )
20 de septiembre
