La incomparecencia de guardias civiles la decidió Barrionuevo con Felipe González y Ledesma

Todos los grupos parlamentarios de oposición censuraron ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, en presencia del ministro del Interior, José Barrionuevo, el apoyo del Gobierno a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante la juez de Bilbao que les citó en una investigación por presuntas torturas. Barrionuevo afirmó que la orden de no comparecencia -dada por él mismo, tras consultar con el ministro de Justicia y con el acuerdo del presidente del Gobierno- no constituye delito de desobediencia, y permitirá una reconsideración de su actitud por parte de la juez que ordenó las comparecencias.

El diputado comunista de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, calificó de "gravísimo" el hecho "que quiebra", dijo, "la legalidad constitucional y es un atentado al Estado de derecho, porque el Gobierno no es nadie para aplicar una determinada interpretación de la ley". Calificó de "delictiva" la actuación gubernamental, que impide que los. jueces cumplan con su deber de investigar la existencia de torturas. Sartorius señaló que "en democracia, los abusos se pagan", y preguntó si va a dimitir el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, el director general de la Guardia Civil o el teniente coronel que cursó la orden a la juez.Por su parte, el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, expresó su incredulidad ante la noticia de que el Gobierno hubiera apoyado la incomparecencia de funcionarios a sus órdenes ante la autoridad judicial competente y aseguró que, de ser cierta, nos encontraríamos ante un ministro o un Gobierno "delincuente". "Si ustedes han ordenado esta medida", dijo, "se viene abajo el templo de la democracia, no pueden ser ustedes demócratas".

El último de los diputados interpelantes. fue el portavoz del CDS, José Ramón Caso, quien recordó que no es la primera ocasión en que se produce una diligencia de reconocimiento en rueda. Criticó que, en lugar de utilizar los recursos procedentes, se haya optado por una actitud de decir "basta", que contrasta con el proclamado acatamiento y respeto de todas las decisiones judiciales. Preguntó quién autorizó la orden cursada a la juez y criticó el respaldo jurídico prestado por el director general de Relaciones con la Justicia, Juan Antonio Xiol, a través de TVE.

El ministro del Interior comenzó su respuesta a los tres interpelantes leyendo el oficio dirigido a la juez María Elisabeth Huertas el 28 de agosto último (veáse EL PAÍS del 5 de septiembre pasado), firmado, explicó, "por el teniente coronel jefe de la sección de justicia de la dirección general de la Guardia Civil".

Barrionuevo estimó "absolutamente falsas y carentes por completo de fundamento" las informaciones sobre que la autoridad gubernativa hubiera denegado un sólo dato a la juez Huertas.

Petición no cumplimentada

Entre las diligencias solicitadas enumeradas por Barrionuevo, des taca la relación de guardias civiles de servicio el día de la detención de Linaza -cumplimentada, "aunque es posible que alguno hubiera fallecido, dado el tiempo transcurrido", señaló-; la relación de superiores jerárquicos de los mismos, que se cumplimentó iniciándola por el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y la del organigrama de los servicios de la Guardia Civil y de la comandancia de Vizcaya.Esta última petición no se cumplimentó, según informó Barrionuevo. El ministro dijo que, por un procedimiento similar al del oficio del 28 de agosto, se hizo saber a la juez Huertas que la incorporación al sumario del organigrama solicitado podría significar "riesgo para la seguridad del Estado".

Barrionuevo comentó que el incumplimiento de la solicitud del organigrama citado "no organizó ningún escándalo" y que la juez Huertas aceptó seguramente los razonamientos que se le hicieron.

Barrionuevo dio cuenta de que hay datos de que "el procedimiento sigue su curso" y revelé que el día 12 del actual mes de septiembre la juez Huertas pidió a la dirección general de la Guardia Civil la relación de detenidos de todo tipo que se encontraban en el cuartel de La Salve (Bilbao) los días que estuvo detenido Linaza, petición que ha sido contestada el miércoles pasado.

Sobre otras diligencias, Barrionuevo destacó que la juez Huertas no declaró improcedente ninguna de las preguntas de la acusación particular sobre el número de miembros del servicio de información de la guardia civil, grupos, distribución y misiones.

El abogado de la acusación particular, Txema Montero, aseguró anoche que Barrionuevo había seleccionado las preguntas que le interesaban para presentar el interrogatorio sesgadamente. Montero emplazó públicamente al ministro para debatir con él sobre este asunto, en TVE, "por ejemplo, en un Punto y aparte", dijo. "Si el sábado no ha contestado afirmativamente, la semana próxima revelaré a la Prensa datos del sumario, ya que el ministro, sin ser parte, lo ha hecho a su manera".

Todos los grupos de oposición rechazaron el procedimiento utilizado por el Gobierno para oponerse a la orden de la juez. Sartorius reprochó a Barrionuevo que hubiera cambiado el escenario y sentado en el banquillo a una juez o a todos los jueces del País Vasco". Por el PNV, Joseba Azcárraga dijo que Barrionuevo defendía la obstrucción a la justicia. El portavoz de la Minoría Catalana, Josep María Trías de Bes, resaltó "el fácil acuerdo de Interior y Justicia para saltarse a la torera el principio de legalidad". El portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, señaló que no podía aplaudir la decisión del presidente y dos ministros del Gobierno.