Las diferencias con el Gobierno sobre el procedimiento de Pujol fueron determinantes para que dimitiera Burón

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, presentó su dimisión al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, a última hora del pasado jueves. La noticia fue confirmada por el propio Burón, que consideró "normal" la decisión, dado el reciente cambio de Gobierno, y se negó a informar sobre los motivos. El Gobierno propuso ayer para sustituirle al ex ministro Javier Moscoso. Fuentes jurídicas, algunas de ellas próximas a Burón, vinculan su dimisión con diferencias surgidas con el Gobierno, en especial en relación con la petición del ministerio fiscal para que sea procesado el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en la querella contra ex directivos de Banca Catalana.

La proximidad de la conclusión de¡ sumario de Banca Catalana, que exigirá el mantenimiento o desistimiento del ministerio fiscal respecto al procesamiento de Pujol, es considerado en algunas de las fuentes citadas como el desencadenante de la dimisión de Burón. Tales fuentes recuerdan que, antes de dar el visto bueno a la presentación de la querella, Burón, magistrado de profesión, analizó con meticulosidad la existencia de indicios de culpabilidad, en especial contra el presidente de la Generalitat, y sólo cuando estuvo persuadido de ello, el 18 de mayo de 1984, respaldó su interposición, tras entrevistarse, junto a otros miembros de la fiscalía general, con los fiscales encargados del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo,Ambos fiscales recurrieron al fiscal general ante las resistencias del fiscal jefe de Barcelona, Alejandro Sanvicente, quién aceptó finalmente la interposición de la querella "por orden y delegación directa" de Burón. En aquellos momentos, Sanvicente fundamentó sus argumentos contrarios a la querella, más que en razones técnico-jurídicas -las únicas admitidas por Burón en esta materia-, en la "indudable trascendencia política" de la misma. La posterior investigación de Mena y Jiménez Villarejo confirmó a los fiscales en sus primeros indicios, y Burón ha continuado respaldando los sucesivos trámites y concretamente la petición de procesamiento de Pujol.

Ambos fiscales pidieron que, una vez que se adoptara la decisión de investigar los delitos, con independencia de la personalidad de los presuntos autores, debía respetarse su trabajo. Sin embargo, dado que los fiscales, según la Constitución, han de actuar "conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica", Mena y Villarejo recabaron y obtuvieron la conformidad del fiscal general del Estado a su investigación inicial. Hace unas semanas, preguntado Mena sobre la posibilidad de que Burón fuera destituido, manifestó que "sería un escándalo en estos momentos". Precisamente cuando Mena solicitó ser destinado a Baleares, Burón no lo permitió, piara evitar interpretaciones de que se le apartaba del caso Catalana.

Cambio de criterio

Sin embargo, el cambio de criterio experimentado por el Gobierno de Felipe González ante la probabilidad del procesamiento de Pujol, si se mantienen las peticiones fiscales, ha llevado a Burón, según las fuentes citadas, a considerar la conveniencia de dimitir. Mena y Villarejo afirmaron, al hacerse cargo del caso Catalana, que no querían verse condicionados por la coyuntura política. Se referían, en concreto a determinadas manifestaciones del vicepresidente, Alfonso Guerra, en diferentes campañas electorales, en las que esgrimía el fantasma de Banca Catalana, que poco después se esfumaba.

Para algunos observadores no ha pasado desapercibido que, tras la entrevista del pasado 4 de septiembre en la Moncloa entre los. presidentes González y Pujol, este último expresó su seguridad de que el asunto de Banca Catalana "se resolverá bien", sin hacer referencia esta vez a su inocencia. Igualmente señalan la actitud adoptada el pasado día 10 -y que consideran inédita en Pujol- de calificar como, "la más importante" de las entrevistas mantenidas con los líderes políticos catalanes, sobre la ordenación territorial, la reunión con el socialista Raimon Obiols.

Otras fuentes jurídicas estiman que la destitución de Burón estaba prácticamente decidida, por lo que él se ha limitado a adelantarse. Estas fuentes aseguran que las discrepancias de Burón con el Gobierno afectan a muchos problemas, sin excluir el de Banca Catalana, en el que la sensibilidad social del hasta ahora fiscal general le inclinó a dar un tratamiento idéntico al de cualquier otro caso penal. El propio Burón declaró hace unos meses que él no sentía la necesidad de airear en la Prensa las ocasiones en que rechazaba las sugerencias gubernamentales, a pesar de las numerosas veces en que tenía que leer lo contrario.

Personas próximas a Burón señalan, por su parte, que, tras las elecciones del 22 de junio último, el fiscal general fue ratificado por el nuevo Gobierno, "pero sin entusiasmo y sin plazo", dijeron. Conocedoras del carácter de Burón y de su tendencia a no tomar decisiones apresuradas, estas fuentes aseguran que durante las vacaciones ha debido de meditar su decisión.

Jubilación en enero

De ahí que, en la introducción de la Memoria elevada al Gobierno el pasado día 10, Burán desarrollara la teoría de la relación con el Gobierno, con afirmaciones tales como ésta: "surgida una divergencia en materia, por ejemplo de política criminal (...), el fiscal debe dimitir". Personalmente, la dimisión no beneficia a Burón, quien se jubilará como magistrado en enero próximo, y no es probable que acepte algún cargo, como el que se le ha insinuado de director del Centro de Estudios Judiciales.

Mientras tanto, según informa Blanca Cía, fuentes judiciales barcelonesas afirmaron ayer que la dimisión de Burón no debería influir en el proceso del caso Banca Catalana en lo referente a la labor que llevan a cabo los fiscales Mena y Villarejo. Este último manifestó que "se continuará trabajando en la línea de defender la legalidad, con independencia del relevo del fiscal general".

No obstante, Jiménez Villarejo afirmó que no aceptarían voluntariamente la "hipotética posibilidad" de que el nuevo fiscal general decidiera relevarles como representantes del ministerio público en el caso Catalana. "No aceptaríamos esta decisión y la impugnaríamos, puesto que", precisó, "tenemos medios para hacerlo, que están contemplados legalmente en el estatuto del ministerio fiscal".

Villarejo y Mena fueron nombrados por Burón en 1984, el año en que se interpuso la querella. Jiménez Villarejo declaró a este periódico que compartía la postura consecuente de Burón al dimitir ante "posibles injerencias por parte del Gobierno". La dirección de la Unión Progresista de Fiscales se reunirá próximamente para elogiar lo que estiman digna actitud de Burón.